#14N

Proposicion No de Ley sobre la reforma del sistema retributivo de los cargos públicos de las entidades locales para su debate en la Comisión de Administraciones Públicas

El Grupo Parlamentario Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la reforma del sistema retributivo de los cargos públicos de las entidades locales para su debate en la Comisión de Administraciones Públicas.

Después de celebradas las últimas elecciones municipales del 27 de mayo se han realizado los Plenos de constitución de las nuevas corporaciones locales y en el plazo de un mes prácticamente todos los Ayuntamientos han celebrado los Plenos de Organización en los que se han aprobado las bases de funcionamiento y medios de los nuevos Ayuntamientos y también las retribuciones de las cargos públicos locales.

Igual proceso se ha seguido en otras entidades de carácter local como diputaciones provinciales, etc.

A raíz de la adopción de estos acuerdos un año más ha surgido la polémica sobre la retribución de alcaldes, concejales, diputados provinciales etc.

En algunos ayuntamientos se han acordado retribuciones que superan con creces la retribución del propio Presidente de Gobierno, de los Presidentes de Comunidades Autónomas, etc. Estas decisiones sin duda han generado grave alarma social y escándalo en la opinión pública que no puede entender la disparidad de criterios existentes para fijar los salarios y que comprueba como esta decisión depende exclusivamente de la voluntad de los propios corporativos y en consecuencia de la correlación de fuerzas políticas, las mayorías o minorías.

Además se ha podido comprobar como la retribución fijada nada tiene que ver con los criterios más o menos objetivos que se podrían barajar y que son entendibles por la opinión pública. También es habitual que el asunto de las retribuciones se haya utilizado a menudo como arma arrojadiza entre las diferentes opciones políticas en un espectáculo nada edificante que sin duda genera descrédito y desconfianza en los ciudadanos.

Es cierto que una parte importante de los municipios y demás entidades locales de nuestro país han adoptado las decisiones correspondientes a la organización municipal con mesura, sentido común, transparencia y responsabilidad política pero siempre hay excepciones escandalosas que sin duda obligan a abordar esta situación , definiendo para ello un marco retributivo que dé transparencia y coherencia a este asunto y que sea conocido por los ciudadanos evitando que se convierta en elemento de controversia y presión en las propias Corporaciones locales y ante los ciudadanos, todo ello desde el más escrupuloso respeto a la autonomía local.

Tampoco hay que olvidar que en más de una ocasión las supuestas compras de voluntades ligadas a casos de transfuguismo han estado relacionadas con decisiones referidas a atribución de salarios elevadísimos, dedicaciones exclusivas ficticias, etc.

En la actualidad el marco legal que regula esta cuestión viene establecido en la Ley de Bases de Régimen local y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las entidades locales y atribuye la adopción de los acuerdos referidos a retribuciones al Pleno de la Corporación sin aportar ningún elemento limite legal, o criterio objetivo que sirva de base o fundamento a esa decisión.

En este sentido y entendiendo que debe respetarse la autonomía local reconocida a las entidades locales en la Constitución Española es imprescindible establecer un marco retributivo que evite los excepcionales abusos y que incorpore en la toma de decisiones la aplicación de criterios objetivos como la población, el presupuesto de la entidad , su situación financiera.

A tal efecto desde el mayor consenso político entre las fuerzas políticas y la Federación Española de Municipios y Provincias , el Gobierno debe impulsar las reformas legales oportunas en aras de conseguir una mayor claridad , transparencia y rigor en esta materia.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a :

Acometer en la presente legislatura, desde el mayor consenso político con las fuerzas políticas y la participación de la FEMP , una reforma legal en materia retributiva de los cargos públicos locales , donde garantizando la autonomía local se establezca un marco mínimo y máximo de las retribuciones en atención a criterios objetivos tales como la población, el presupuesto o la situación financiera municipal.

Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid , 16 de Agosto de 2007

Montserrat Muñoz de Diego Joan Herrera Torres
Diputada G.P.IU-ICV Portavoz G.P.IU-ICV

STOP SOPA!

 

STOP SOPA!

This site has gone dark today in protest of the U.S. Stop Online Piracy Act (SOPA) and PROTECT-IP Act (PIPA). The U.S. Congress is about to censor the Internet, even though the vast majority of Americans are opposed. We need to kill these bills to protect our rights to free speech, privacy, and prosperity. Learn more at AmericanCensorship.org

 

Por qué el Software debería ser libre

(version original en http://www.gnu.org/philosophy/shouldbefree.html)

por Richard Stallman

(Versión del 24 de Abril, 1992)

Introducción

La existencia de software provoca inevitablemente que nos preguntemos sobre qué decisiones concernientes a él deberían tomarse. Por ejemplo, supongamos una persona que teniendo una copia de un programa se encuentra con otra que desearía tener una copia. La posibilidad de copiar el programa existe; ¿quién debería decidir si esto se lleva a cabo o no? ?¿las personas involucradas? ¿U otro sujeto, llamado “dueño”?

Los desarrolladores de Software generalmente consideran estos problemas basándose en que el criterio para resolverlos es maximizar los beneficios del desarrollador. El poder político de la empresa ha llevado al gobierno a la adopción de este último criterio así como el propuesto por los desarrolladores: que el programa tiene un dueño, generalmente una compañía asociada a su desarrollo.

Me gustaría considerar el mismo problema pero usando un criterio diferente: la prosperidad y la libertad del público en general.

La respuesta no puede provenir de la ley vigente –la ley debería amoldarse a la ética y no al revés. Tampoco el día a día resuelve este problema, a pesar de que puede sugerir algunas soluciones posibles. La única forma de juzgar es viendo quién se ve ayudado y quién se ve perjudicado mediante el reconocimiento de dueños de software, por qué, y cuánto. En otras palabras, deberíamos realizar un análisis del tipo costo-beneficio en nombre de la sociedad como un todo, teniendo en cuenta la libertad individual así como la producción de bienes materiales.

En este ensayo, describiré los efectos provocados por el hecho de tener dueños, y mostraré que los resultados son perjudiciales. Mi conclusión es que los programadores debemos dedicarnos a animar a otros a compartir, redistribuir, estudiar y mejorar el software que escribimos: en otras palabras, escribir software “libre”.(1)

 

Cómo los Dueños Justifican Su Poder

Aquellos que se benefician del sistema actual en donde los programas se entienden como propiedad esgrimen dos argumentos en favor de su derecho de ser dueños de programas: el argumento emocional y el argumento económico.

El argumento emocional es del tipo: “Pongo mi cariño, mi corazón, mi alma en este programa. Proviene de mí, es mío!”

Este argumento no necesita de una refutación seria. El sentimiento de cercanía es uno que los programadores pueden cultivar cuando les viene bien; no es inevitable. Considérese, por ejemplo, cuán deseosos esos mismos programadores firman y ceden sus derechos sobre el programa a una gran compañía a cambio de recibir un salario; el apego emocional se desvanece misteriosamente. Por el contrario, considérense a los grandes artistas y artesanos de la época Medieval, que ni siquiera firmaban sus trabajos. Para ellos, el nombre del artista no era importante. Lo que importaba era que el trabajo se había hecho –y el propósito al que servía. Esta visión prevaleció durante cientos de años.

El argumento económico es del tipo: “Quiero ser rico (normalmente expresado de manera poco precisa como `vivir de algo’), y si no me dejas llegar a rico programando, entonces no programaré. Todo el mundo es como yo, de manera que nadie programará jamás. ¡Y te encontrarás conque no tienes programas!” Esta amenaza suele estar disfrazada de ‘consejo de amigo que viene de un sabio’.

Explicaré más tarde por qué esta amenza es algo completamente absurdo. Antes me gustaría presentar una suposición implícita que es más evidente en otra formulación del mismo argumento.

Esta formulación empieza comparando la utilidad social del software privativo con la utilidad sin ese software, y entonces llega a la conclusión de que el software privativo es, en general, beneficioso, y debería ser promovido. La falacia aquí se encuentra en comparar solamente dos posibilidades –software privativo vs. ausencia de software– y suponiendo que no existen otras posibilidades.

Dado un sistema en el que impera la propiedad intelectual, el desarrollo del software se encuentra generalmente vinculado a la existencia de un dueño que controla el uso de ese software. Mientras existe este vínculo, estamos continuamente frente a la elección entre software privativo o nada. Sin embargo, esta unión no es ni inherente ni inevitable; es más bien una consecuencia de la decision sociolegal específica sobre lo que estamos considerando [However, this linkage is not inherent or inevitable; it is a consequence of the specific social/legal policy decision that we are questioning]: La decisión de tener dueños. Formular la elección entre software privativo y ausencia de software está pidiendo a gritos este planteamiento.

 

El Argumento en contra de Tener Dueños

La pregunta que se nos plantea es, “¿Debería el software estar vinculado a la existencia de dueños para, de esa manera, restringir su uso?”

Para poder resolver este problema, tenemos que juzgar el efecto en la sociedad de cada de las dos opciones independientemente: el efecto de desarrollar el software (sin tener en cuenta la manera en que se redistribuye), y el efecto de restringir su uso (suponiendo qu el software ha sido desarrollado). Si una de estas actividades es beneficiosa y la otra es perjudicial, deberíamos deshacernos de la doble actividad y usar sólo la beneficiosa.

En otras palabras, si restringir la distribución de un programa ya desarrollado es perjudicial para la sociedad en su conjunto, entonces un desarrollador de software que se considere ético debería rechazar esta opción.

Para determinar el efecto de restringir el poder compartir, necesitamos comparar el valor, para la sociedad, de un programa restringido (v.g., privativo) con ese mismo programa, pero accesible a todo el mundo. Esto nos lleva a comparar dos mundos posibles.

Este análisis también tiene en cuenta el, a veces defendido, contra-argumento de que “el beneficio que se le proporciona al vecino al recibir una copia de un programa se cancela con el perjuicio provocado al dueño.” Este contra-argumento presupone que el perjuicio y el beneficio son iguales en magnitud. El análisis llevado a cabo tiene en cuenta el comparar estas magnitudes, y el resultado muestra que el beneficio es mucho mayor que el perjuicio.

Para clarificar todo esto, vamos a aplicarlo a otra área: la construcción de carreteras.

La financiación para construir todas las carreteras podría provenir de peajes. Como consecuencia nos encontraríamos puntos de peaje en cada esquina. Un sistema de este tipo generaría incentivo a la hora de mejorar las carreteras. También tendría la virtud de causar que los usuarios de una determinada carretera pagasen por ella. Sin embargo, un punto de peaje es un obstáculo artificial para una conducción sin cortes –artificial, porque no es una consecuencia derivada de cómo los coches o las carreteras funcionan.

Si comparamos carreteras libres y carreteras con peaje por su utilidad, encontramos que (siendo iguales), las carreteras sin puntos de peaje son más baratas de construir, más baratas para administrar y más eficientes.(2) En un país pobre, el peaje podría provocar que algunas carreteras estuviesen inaccesibles a muchos ciudadanos. De manera que las carreteras sin puntos de peaje ofrecen mayor beneficio a la sociedad a menor costo; son preferibles por la sociedad. Luego la sociedad debería elegir financiar las carreteras de otro modo, no mediante puntos de peaje. El uso de las carrerteras, una vez construidas, debería ser libre [free].

Cuando los defensores de los puntos de peaje los presentan como simples recaudadores de fondos, distorsionan la elección que de verdad existe. Los puntos de peaje incrementan los presupuestos, pero hacen algo además de eso: De hecho, degradan la carretera. La carretera con peajes no es tan buena como la carretera libre; el hecho de que se nos de más carreteras o carreteras técnicamente superiores puede muy bien no ser una mejora si ello implica sustituir carreteras libres por carreteras de peaje.

Por supuesto, la construcción de una carretera gratuita cuesta dinero, que de alguna manera la gente tiene que pagar. Sin embargo, esto no implica la inevitabilidad de los puntos de peaje. Nosotros, que en ambos casos pagamos, sacaremos mayor beneficio de nuestro dinero si compramos una carretera gratuita.

No es estoy queriendo decir que una carretera con peaje sea peor que no tener carreteras. Eso sería verdad si el peaje fuese tan grande que casi nadie pudiese usarla –pero no es esta la intención para un recaudador de impuestos [--but this is an unlikely policy for a toll collector]. Sin embargo, debido a que los puntos de peaje causan pérdida de tiempo y molestia considerables, es mejor conseguir el dinero de una manera menos obstaculizadora [obstructive].

Para aplicar este mismo argumento al desarrollo del software, mostraré ahora que el tener “puntos de peaje” en programas útiles le cuesta a la sociedad una barbaridad: provoca que los programas sean más caros a la hora de construirlos, más caros para distribuir, y menos satisfactorios y eficientes al usarlos. Se seguirá que la construcción de programas debería ser promovida de alguna otra forma. Más tarde, continuaré explicando otros métodos que promuevan y (hasta donde sea de verdad necesario) financien el desarrollo de software.

 

El Perjuicio Ocasionado por Obstaculizar el Software

Considérese por un momento que un programa ha sido desarrollado, y que cualesquiera pagos necesarios para su desarrollo se llevaron a cabo; ahora la sociedad debe decidir entre convertirlo en privativo o dejar que se use y comparta libremente. Supóngase que la existencia del programa y su disponibilidad se desean.(3)

Las restricciones sobre la distribución y modificación del programa no puden facilitar su uso. Sólo pueden interferir con él. Así que el efecto solamente puede ser negativo. ¿Pero cuánto? ¿Y de qué tipo?

Existen tres niveles diferentes de daño efectivo que provienen de esta interferencia:

 

• Un menor número de personas usa el programa. 
• Ninguno de los usuarios puede adaptar o arreglar el programa. 
• Otros desarrolladores no pueden aprender del programa, o basar un trabajo nuevo en él.

Cada nivel de perjuicio efectivo lleva asociado un perjuicio psicológico. Me refiero al efecto que las decisiones de la gente tiene en sus sentimientos, actitudes y predisposiciones posteriores. Estos cambios en la manera de pensar de la gente tendrán un efecto posterior en sus relaciones con sus vecinos, y pueden acarrear consecuencias efectivas.

Los tres niveles de perjuicio efectivo desaprovechan parte del valor que el programa podría proporcionar, pero no lo pueden reducir a cero. Si desaprovechan casi todo el valor del programa, entonces el hecho de escribir el programa perjudica a la sociedad en tanto se dedicó esfuerzo en escribir el programa. Se podría decir que aquel programa que produce beneficios al venderse debe proporcionar algún tipo de beneficio material directo.

Sin embargo, teniendo en cuenta el perjuicio psicológico asociado, no existe límite al perjuicio que el desarrollo de software privativo puede llegar a ocasionar.

 

Obstaculizar el Uso de Programas

El primer nivel de perjuicio impide el simple uso del programa. Una copia del programa tiene un costo marginal nulo (y se puede pagar este costo realizando esta copia personalmente), de manera que en un mercado libre, el programa tendría un precio casi nulo. El pago por una licencia es un desincentivo significativo a la hora de usar el programa. Si un programa de gran utilidad es privativo, mayor será la cantidad de gente que no lo use.

Es fácil mostrar que la contribución total que un programa proporciona a la sociedad se reduce al asignársele un dueño. Cada usuario potencial del programa, enfrentado al hecho de tener que pagar para usarlo, puede escoger entre pagar o renunciar a usar el programa. Cuando un usuario escoge pagar, esto es en realidad una transferencia nula de riqueza entre las dos partes. Pero cada vez que alguien elige no usar el programa, se provoca un perjuicio a esa persona sin que nadie salga beneficiada. La suma entre números negativos y ceros es siempre negativa.

Pero esto no reduce la cantidad de trabajo que lleva el desarrollar el programa. Como resultado, la eficiencia del proceso entero, medida en satisfacción del usuario final por hora de trabajo, se reduce.

Esto muestra la diferencia crucial entre copias de programas y coches, sillas o sandwiches. No existe una copiadora de objetos materiales fuera de la ciencia ficción. Pero los programas son fáciles de copiar; cualquiera puede producir tantas copias como desee, con muy poco esfuerzo. Esto no es cierto para objetos materiales porque la materia se conserva: cada copia nueva tiene que generarse con la misma materia prima de la misma forma que la primera copia que se construyó.

Con objetos materiales, un desincentivo a la hora de usarlos tiene cierto sentido, porque un menor número de objetos comprados implica menos materia prima y menos trabajo para producirlos. Es cierto que generalmente existe un costo inicial, un costo de desarrollo, que se extiende sobre el proceso de producción. Pero mientras el costo marginal de producción puede ser significativo, añadir una COMPARTICIÓN en el costo de desarrollo no produce una diferencia cualitativa. Y no requiere restricciones sobre la libertad de los usuarios normales.

Sin embargo, imponer un precio en algo que, de otra manera, podría ser gratuito, es un cambio cualitativo. Un pago impuesto unilateralmente sobre la distribución del software provoca un gran desincentivo.

Lo que es más, la producción centralizada como se practica en nuestros días es ineficiente incluso en términos de hacer llegar las copias del software. Este sistema incluye enviar discos o cintas magnéticas en embalajes superfluos, mandar grandes cantidades de ellos a lo largo del mundo, y almacenarlos para venderlos. Este costo se presenta como derivado del hacer negocios; en realidad, es una parte del gasto inútil causado por el hecho de tener dueños.

 

Perjuicio sobre la Cohesión Social

Suponga que tanto usted como su vecino vieran útil el correr un cierto programa. En un pacto ético con su vecino, entenderían que un uso apropiado de la situación podría hacer posible que los dos usasen ese programa. Una propuesta tal que sólo a uno se le permitiese usar el programa, restringiendo al otro, es divisora; ninguno de los dos, usted o su vecino, la encontraría aceptable.

El hecho de firmar una licencia típica de software implica traicionar a su vecino: “Prometo privar a mi vecino de este programa de forma que yo sea capaz de tener una copia para mí.” Las personas que toman estas decisiones sienten presión psicológica interior que los justifica, a cambio de degradar la importancia de ayudar a su vecino– así que el espíritu público sale perjudicado. Se trata de un daño psicosocial asociado con el daño material provocado por el desincentivo de usar el programa.

Muchos usuarios inconscientemente admiten lo érroneo de la negativa a compartir, así que deciden ignorar las licencias y las leyes, y comparten el programa de todas formas. Pero a menudo se sienten culpables haciendo eso. Saben que deben infringir las leyes para poder ser buenos vecinos, pero siguen considerando las leyes autorativas, y concluyen que el ser un buen vecino (que lo son) es malo o de lo que sentirse avergonzado. También se trata de un tipo de daño psicosocial, pero uno puede escapar de ello decidiendo que las licencias y las leyes no tiene suficiente fuerza moral.

Los programadores también sufren ese daño psicosocial al saber que a muchos usuarios se les impedirá usar su trabajo. Esto conduce a una actitud de cinismo o negativa. Un programador puede describir de manera entusiasta un trabajo que el considera técnicamente excitante; y cuando se le pregunta: “¿Se me dejará usar el programa?”, se vuelve cabizbajo y admite que la respuesta es no. Para poder no sentirse desalentado, o bien ignora este hecho la mayor parte del tiempo o adopta una postura cínica pensada para minimizar su importancia.

Desde la era de Reagan, la mayor escasez en los Estados Unidos no es innovación técnica sino más bien el deseo de trabajar juntos por el bien público. No tiene sentido alentar lo anterior a expensas de lo primero.

 

Obstruir la Adaptación Propia de Programas

El segundo nivel de perjuicio material es la imposibilidad para adaptar los programas. La posibilidad de modificar el software es una de las grandes ventajas frente la tecnología más antigua. Sin embargo, la mayoría del software comercial disponible no lo está en términos de modificabilidad, ni siquiera después de comprarlo. Puedes decidir cogerlo o no cogerlo, como una caja negra –eso es todo.

Un programa que usted ejecute consiste en una serie de números cuyo significado es oscuro. Nadie, ni siquiera un buen programador, puede cambiar fácilmente esos números para hacer que el programa haga algo diferente.

Los programadores trabajan normalmente con el “código fuente” del programa, que se encuentra escrito en un lenguaje de programación como Fortran o C. Usa nombres que designan a los datos que se usan y a las partes del programa, y representa operaciones con símbolos tales como `+’ para la suma y `-’ para la resta. Está diseñado para ayudar a los programadores a leer y modificar los programas. He aquí un ejemplo; un programa que calcula la distancia entre dos puntos en un plano:

 

     float
     distance (p0, p1)
          struct point p0, p1;
     {
       float xdist = p1.x - p0.x;
       float ydist = p1.y - p0.y;
       return sqrt (xdist * xdist + ydist * ydist);
     }

Aquí está ese mismo programa en formato ejecutable, en el ordenador que suelo utilizar:

 

     1314258944      -232267772      -231844864      1634862
     1411907592      -231844736      2159150         1420296208
     -234880989      -234879837      -234879966      -232295424
     1644167167      -3214848        1090581031      1962942495
     572518958       -803143692      1314803317

El código fuente es útil (al menos potencialmente) para cualquier usuario de un programa. Pero a la mayoría de los usuarios no se les deja tener copias del código fuente. Generalmente el código fuente de un programa privativo se guarda en secreto por el dueño, por miedo a que cualquier otro pueda aprender algo de él. Los usuarios reciben solamente los ficheros de números incomprensibles que el ordenador se encargará de ejecutar. Esto quiere decir que sólo el dueño del programa puede cambiar el programa.

Una amiga me habló una vez sobre el hecho de trabajar como programador en un banco por unos seis meses, escribiendo un programa similar a algo que se podía obtener comercialmente. Pensaba que si hubiese tenido acceso al código fuente de ese programa comercial lo podría haber adaptado fácilmente a las necesidades del banco. El banco esta dispuesto a pagar por ello, pero no le estaba permitido hacerlo– el código fuente era un secreto. De manera que tuvo que hacer seis meses de trabajo de construcción, trabajo que aparece en el GNP pero que realmente fue desperdiciado.

El laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT (AI lab) recibió, como regalo, una impresora gráfica de Xerox alrededor de 1977. Corría bajo software libre al que añadimos bastantes mejoras útiles. Por ejemplo, el software notificaba inmediatamente al usuario cuando el trabajo de imprimir se había realizado. Cuando la impresora tenía un problema, como una abstrucción de papel o falta de papel, el software notificaba inmediatamente a todos los usuarios que tuviesen trabajos pendientes. Estás mejoras facilitaban un trabajo más suave [smooth].

Más tarde Xerox donó al Laboratorio de IA una impresora nueva, más rápida, una de las primeras impresoras láser. Funcionaba con software privativo que corría en un ordenador dedicado en exclusiva y separado, de manera que no pudimos añadir ninguna de nuestras mejoras favoritas. Pudimos hacer que mandase una notificación cuando un trabajo de impresión había sido mandado al ordenador dedicado a la impresora, pero no cuando el trabajo había sido impreso (y generalmente el retraso era considerable). No había forma de saber cuándo el trabajo había sido impreso; lo único que podías hacer era adivinarlo. Y nadie sabía nunca cuando había un atasco de papel, así que la impresora se quedaba a menudo sin arreglar por espacio de una hora.

Los programadores de sistema del laboratorio de IA estaban capacitados para arreglar aquellos problemas, probablemente tan capacitados como los autores originales del programa. Xerox no mostró interés en arreglar aquellos fallos y eligió advertirnos de ellos, de manera que nos vimos forzados a aceptar los problemas. Nunca se arreglaron.

La mayoría de los buenos programdores han experimentado esta frustración. El banco podía permitirse resolver un problema escribiendo un programa nuevo partiendo de cero, pero un usuario típico, no importa la cualificación, sólo puede arrojar la toalla.

Arrojar la toalla provoca un daño psicosocial –al espíritu de independencia. Es desmoralizante vivir en una casa que no puedes arreglar para adecuarla a tus necesidades. Conduce a la resignación y al retraimiento, que pueden extenderse a otros aspectos de la vida de uno mismo. La gente que siente de esta manera no se encuentran a gusto y no realizan un buen trabajo.

Imagínese cómo sería si las recetas de cocina se guardasen de la misma manera que el software. Uno se podría preguntar, “¿Cómo cambio esta receta de manera que no tenga sal?”, y el gran chef respondiese, “¡Cómo se atreve a insultar mi receta, mi creación y mi paladar, manoseándola? No tiene usted el juicio necesario para cambiar mi receta y hacer que salga bien!”

“¡Pero mi doctor me ha prohibido tomar sal! ¿Qué puedo hacer? ¿Va a quitar usted la sal por mí?”

“Me encantaría hacer eso; mis honorarios son sólo 50.000 dólares.” Las tasas suelen ser grandes debido a la posición de monopolio sobre los cambios. “De todas formas, ahora mismo no tengo tiempo. Estoy ocupado con una comisión para diseñar una nueva receta de galleta de barco para el departamento de Marina. Estaré contigo más o menos en dos años.”

 

Impedir el Desarrollo del Software

El tercer nivel de daño material afecta al desarrollo de software. El desarrollo del software solía ser un proceso de evolución, en donde una persona cogía un programa existente y reescribía algunas partes de él para alguna función nueva, y entonces otra persona reescribía algunas partes de él para añadir alguna función nueva más; en algunos casos, esto continuaba durante un periodo de veinte años. Mientras tanto, algunas partes de ese programa eran “canibalizadas” para formar el inicio de otros programas.

La existencia de dueños impide este tipo de evolución, haciendo que sea necesario empezar desde cero cuando se quiere desarrollar un programa. También impide a los aprendices estudiar los programas existentes que les enseñen técnicas útiles o incluso cómo están estructurados los programas grandes.

Los dueños también dificultan la educación. He conocido estudiantes brillantes en ciencia de computadores que nunca han visto el código fuente de un programa extenso.. Puede que fueran buenos escribiendo pequeños programas, pero no pueden empezar a aprender las diferentes habilidades para escribir programas extensos si no pueden ver como lo han hecho otros.

En cualquier campo intelectual, uno puede conseguir posiciones más elevadas sosteniéndose en los hombros de otros. Pero esto no está permitido generalmente en el campo del software –tu sólo puedes alzarte sobre los hombros de otras personas en tu empresa.

El daño psicosocial asociado afecta al espíritu de cooperación científica, que solía ser tan intensa que los científicos seguían cooperando incluso cuando sus países entraban en guerra. Siguiendo este espíritu, los oceanógrafos japoneses que abandonaban su laboratorio en una isla del Pacífico presrvaron cuidadosamente su trabajo para la invasión de los marines de los EE.UU. y dejaron una nota pidiendo que lo guardaran bien.

El conflicto por el beneficio ha ocupado lo que le quedaba de conflicto internacional. Hoy en día los científicos de bastantes campos no publican lo suficiente en sus trabajos que puedan permitir a otros repetir el experimento. Publican solamente aquello que permita a los lectores maravillarse por lo mucho que saben hacer. Esto es así, desde luego, en ciencia de computación, en donde el código fuente de los programas es generalmente secreto.

 

No Importa el Cómo se Restringe el Compartir

He estado hablando sobre los efectos de no dejar a la gente copiar, cambiar o basarse en un programa. No he especificado el cómo esta obstrucción se lleva a cabo, porque no afecta a la conclusión. Como quiera que se haga, protección contra copia, o copyright, o licencias, o encriptación, o tarjetas ROM, o números de serie en el hardware, si tiene éxito impidiendo el uso, perjudica.

Los usuarios consideran algunos de estos métodos más repugnantes que otros. Creo que los métodos más odiados son aquellos que cumplen su objetivo.

 

El Software Debería ser Libre

He argumentado cómo la pertenencia de un programa– el poder de restringir los cambios o las copias– es obstruyente. Sus efectos negativos son amplios e importantes. Se sigue pues que en la sociedad no debería haber dueños de programas.

Otra manera de entender esto es que lo que la sociedad necesita es software libre, y el software privativo es un sustituto pobre. Promover el sustituto no es una manera lógica de conseguir lo que necesitamos.

Vaclav Havel nos aconsejó “Trabajar por algo porque es bueno, no simplemente porque tiene probabilidades de ser un éxito.” Un negocio que produce software privativo tiene probabilidades de éxito en sus propios y estrechos términos, pero no es lo que beneficia a la sociedad.

 

El por qué la Gente Desarrollará Software

Si eliminamos la propiedad intelectual como forma de animar a la gente a desarrollar software, al principio se desarrollará menor cantidad de software, pero ese software será más útil. No está claro si la satisfacción total que el usuario recibirá será menor; pero si esto es así, o si queremos aumentarla de todas formas, existen otras maneras de promover el desarrollo, exactamente igual que hay formas alternativas a los puestos de peaje para conseguir dinero de las carreteras. Antes de que empiece a hablar sobre cómo se puede hacer esto, primero quiero preguntar cuánta promoción artificial es verdaderamente necesaria.

 

Programar es Divertido

Existen algunas líneas de trabajo en las que pocos entrarán si no es por dinero; construcción de carreteras, por ejemplo. Hay otros campos de estudio y arte en las que existe escasa probabilidad de enriquecerse, en los que la gente entra por su fascinación o por el valor hacia la sociedad que han percibido en ellos. Algunos ejemplos son la lógica matemática, música clásica y arqueología; y organización política entre trabajadores. La gente compite, más tristemente que amargamente, por las pocas posiciones remuneradas existentes, ninguna de las cuales lo está abundantemente. Quizá tengan que pagar por la posibilidad de trabajar en ese campo, si pueden permitírselo.

Un campo así puede transformarse a sí mismo de la noche a la mañana si empieza a ofrecer la posibilidad de enriquecer. Cuando un trabajador se convierte en rico, otros piden la misma oportunidad. Pronto todos pedirán grandes sumas de dinero por aquello que hacían antes por placer. Después de un par de años, todo el mundo relacionado con ese campo se burlará de la posibilidad de realizar el trabajo en ese campo sin grandes sumas de dinero a cambio. Aconsejarán a planificadores sociales el asegurarse que estas devoluciones de capital sean posibles, creando privilegios especiales, poderes y monopolios alegando que son necesarios para lograrlo.

Este cambio sucedió en el campo de la programación computacional de la década pasada. Hace quince años uno podía encontrarse con artículos sobre “adicción a los ordenadores”: los usuarios estaban “conectados” y tenían hábitos que les costaban cien dólares por semana. Generalmente se aceptaba que la gente amase tanto el programar como para acabar con sus matrimonios. Hoy en día, se entiende que nadie programe sin recibir una excelente paga por ello. La gente ha olvidado lo que sabía hace quince años.

Cuando en cierto momento ocurre que la mayoría de la gente únicamente trabajará en un determinado campo por una buena paga, ya no es necesario que se mantenga así. La dinámica del cambio puede efectuarse al revés si la sociedad proporciona el empuje inicial. Si anulamos la posibilidad de grandes riquezas, entonces, después de un tiempo, cuando la gente haya reajustado sus actitudes, volverán una vez más a trabajar en ese campo por el placer de hacerlo.

La pregunta, “¿Cómo podemos pagar a los programadores?”, resulta ser una pregunta más fácil cuando nos damos cuenta de que no es verdaderamente un problema acerca de pagarles una fortuna. Es más fácil mejorar una forma simple de ganarse la vida.

 

Financiar Software Libre

Las instituciones que pagan a los programadores no tienes por qué ser necesariamente empresas de software. Otras muchas instituciones que ya existen se pueden encargar de ello.

Los fabricantes de hardware saben que es esencial colaborar en el desarrollo de software incluso aunque no puedan controlar el uso de ese software. En 1970, la mayoría del software era libre porque no habían considerado la posibilidad de restringirlo. Hoy en día, su deseo creciente de entrar en consorcios muestra su realidad y es que ser dueños de software no es lo que les importa verdaderamente.

Las universidades producen bastantes proyectos de programación. Hoy en día, generalmente venden los resultados, cuando en la década de los 70 no lo hacían. ¿Hay alguna duda de que la universidades desarrollarían software libre si les estuviese prohibida la venta de software? Estos proyectos podrían estar respaldados por los mismos contratos y subvenciones gubernamentales que ahora respaldan al desarrollo de software privativo.

Es común hoy en día que los investigadores universitarios obtengan subvenciones para desarrollar un sistema, desarrollarlo casi hasta el punto de completarlo y llamar a eso “acabado”, y luego que las empresas lo retomen allí dnde se dejó y lo conviertan en útil. A veces etiquetan a la versión sin acabar “libre”; si están corruptos de forma meticulosa entonces consiguen una licencia de exclusividad por la universidad. Esto no es un secreto; se admite abiertamente por todo el mundo involucrado. Sin embargo, si los investigaodres no estuviesen tentados de hacer estas cosas, seguirían investigando de todas formas.

Los programadores que escriban software libre pueden vivir de vender servicios rlacionados con el software. He sido contratado para portar el Compilador GNU de C para hardware nuevo y para construir interfaces de usuario para GNU Emacs. (Ofrezco estas mejoras al público una vez que las he hecho.) También doy clases por las que me pagan.

No estoy solo trabajando de esta manera; ahora existe una corporación que está creciendo de forma exitosa que no realiza ningún otro tipo de trabajo. Algunas otras compañías proporcionan soporte comercial por el software libre del sistema GNU. Esto es el comienzo de una industria independiente de soporte de software– una industria que podría convertirse en algo grande si el software libre se impone. Proporciona a los usuarios una opción generalmente inaccesible a través del software privativo, excepto a los más ricos.

Las nuevas instituciones como Fundación para el Software Libre pueden también subvencionar a los programadores. La mayoría de los fondos de la fundación provienen de los usuarios que compran cintas magnéticas a través del correo. El software en las cintas magnéticas es libre, lo que quiere decir que cualquier usuario tiene la libertad de copiarlo y cambiarlo, pero muchos a pesar de ello pagan por conseguir copias. (Recuérdese que “software libre” se refiere a la libertad, no al precio.) Algunos usuarios encargan cintas magnéticas de las que ya tienen una copia como una forma de contribución que ellos piensan que merecemos. La Fundación también recibe importantes donaciones de fabricantes de ordenadores.

La Fundación para el Software Libre es una sociedad sin ánimo de lucro, y sus ingresos se gastan en contratar tantos programadores como se puedan. Si se hubiese planteado como una empresa, distribuir el mismo software libre al público por el mismo precio, proporcionaría ahora una buena vida a su fundador.

Debido a que la Fundación es una sociedad sin ánimo de lucro, los programadores trabajan generalmente por la mitad por lo que podían estar haciéndolo en cualquier otro sitio. Hacen esto porque estamos libres de burocracia, y porque encuentran satisfacción sabiendo que su trabajo no encontrará obastáculos en su uso. Y lo que es más importante, lo hacen porque sienten que programar es divertido. Además, los voluntarios han escrito muchos programas útiles para nosotros. (desde hace poco, incluso escritores técnicos han empezado a colaborar.)

Esto confirma que el programar se encuentra entre los campos más fascinantes, junto con la música y el arte. No debemos temer que nadie quiera programar.

 

¿Qué deben los usuarios a los desarrolladores?

Los usuarios de software tienen una buena razón para sentirse moralmente obligados a contribuir a su soporte. Los desarrolladores de software libre están contribuyendo a las actividades de los usuarios, y es justo a la vez que beneficioso para los usuarios a largo plazo el proporcionar fondos para que esto continúe.

Sin embargo, esto no se aplica a los desarrolladores de software privativo, ya que la obstrucción conlleva un castigo más que una recompensa.

De manera que tenemos una paradoja: el desarrollador de software útil tiene el derecho a recibir el soporte de los usuarios, pero cualquier intento que convierta esta obligación moral en una petición destruye la base para la obligación. Un desarrollador puede o bien merecer una recompensa o pedirla, pero no las dos cosas a la vez.

Creo que un desarrollador ético enfrentado con esta paradoja debe actuar de modo que merezca la recompensa, pero debería asimismo animar a los usuarios a que realicen donaciones. Puede que los usuarios aprendan así a ayudar a los desarrolladores sin coacción, como han aprendido a ayudar a la radio pública o a las cadenas de televisión.

 

¿Qué es la Productividad del Software?

Si el software fuese libre seguirían habiendo programadores, pero quizá menos. ¿Sería esto malo para la sociedad?

No necesariamente. Hoy en día las naciones desarrolladas tienen menos granjeros que en 1900, pero no creemos que esto sea malo para la sociedad porque ese menor número distribuye más comida a los consumidores que lo que solían hacer muchos más antes. Llamamos a esto Mejora de la productividad. El software libre requeriría bastantes menos programadores para satisfacer la demanda, debido al aumento en la productividad del software en todos los niveles:

 

• Uso más extendido de cada programa que se desarrolla. 
• La posibilidad de adaptar programas existentes para configuraciones especiales en vez de tener que empezar los programas de cero. 
• Mejor eduación de los programadores. 
• La eliminación del esfuerzo doble en el desarrollo.

Aquellos que se opnen a la cooperación porque resultaría en el empleo de menos programdores están, en realidad, oponiéndose al aumento de productividad. Y además estas personas aceptan generalmente la creencia universal de que la industria del software necesita un incremento en su producitividad. ¿Cómo es posible esto?

“La Productividad del Software” puede significar dos cosas diferentes: la productividad general de todo el desarrollo del software, o la productividad de proyectos individuales. La productividad general es lo que a la sociedad le gustaría mejorar, y la forma más directa de lograr esto es eliminar los obstáculos artificiales a la cooperación que la reducen. Pero los investigadores que estudian el campo de “La Productividad del Software” se centran sólo en el segundo y limitado, sentido del término, en donde la mejora precisa de avances tecnológicos difíciles.

 

Es la Competencia inevitable?

¿Es inevitable que la gente trate de competir y superar a sus rivales en la sociedad? Puede que así sea. Pero la competencia en sí misma no es dañina; lo dañino es el combate.

Existen muchas formas de competir. La Competición puede consistir en tratar de conseguir siempre más, en mejorar lo que otros han hecho. Por ejemplo, en el pasado, había una competición entre los gurús de la programación–competición que consistía en quién era capaz de producir el ordenador que realizase la cosa más fascinante, o quién era capaz de escribir el programa más corto o más rápido para una determinada tarea. Este tipo de competencia puede beneficiar a todos,mientras el espíritu de buen juego se mantenga.

Una competencia constructiva es suficiente para motivar a la gente a realizar grandes esfuerzos. Hay personas que compiten por ver quién es el primero en visitar todos los países de la Tierra; algunos de ellos incluso se gastan una fortuna intentándolo. Pero no sobornan a los capitanes de barcos para que dejen desamparados a sus rivales en islas desiertas. No tienen ningún problema para dejar al mejor ganar.

La competición se convierte en combate cuando los competidores intentan impedir el uno al otro en lugar de avanzar por sí mismos– cuando “Que gane el mejor” se convierte en “Déjame ganar, sea el mejor o no.” El software privativo es perjudicial, no porque sea una forma de competición, sino porque es una forma de combate alrededor de los ciudadanos de nuestra sociedad.

La competición en el negocio no es necesariamente un combate. Por ejemplo, cuando dos tiendas de abarrotes compiten, todo su esfuerzo se emplea en mejorar sus operaciones, no en sabotear al rival. Pero esto no demuestra un compromiso especial hacia la ética en el negocio; por el contrario, existe un pequeño margen de libertad en esta rama de los negocios, falta de violencia física. No todas las áreas en los negocios comparten ésta misma característica. Preservar información que podría ayudar al avance de todos es una forma de combate.

La ideología del negocio no prepara a la gente para resistir la tentación de combatir a la competencia. Algunas formas de combate han sido prohibidas con leyes antimonopolio, leyes sobre sinceridad en publicidad y otras más, pero lejos de generalizar esto mediante una repulsa de principios hacia el combate en general, los ejecutivos inventan otras formas de combate que no están específicamente prohibidas. Los recursos de la sociedad se despilfarran en el equivalente económico de una guerra civil.

 

“¿Por qué no nos vamos a Rusia?”

En los Estados Unidos de América, cualquier partidario de otra cosa que no sea la forma más extrema de laissez-faire ha oído a menudo esta acusación. Por ejemplo, es usada contra los defensores de un sistema de sanidad pública, como aquel que se encuentra en todas las demás naciones industrializadas del mundo libre. Es usada contra los que desean una ayuda pública al mundo de las artes, también universal en las naciones avanzadas. La idea de que los ciudadanos tienen una obligación para con el bien común se identifica en Estados Unidos con Comunismo. ¿Pero de qué modo son semejantes estas ideas?

El comunismo tal como se practicó en la Unión Soviética era un sistema de control central en donde toda la actividad era regida, supuestamente por el bien común, pero en realidad en beneficio de los miembros del partido comunista. Y donde los equipos de copia estaban estrechamente vigilados para prevenir posibles copias ilegales.

El sistema de propiedad intelectual de Estados Unidos ejerce un control central sobre la distribución de un programa, y se guarda de los equipos de copia consistemas de protección contra copia automáticos de forma que pueda evitarse la copia ilegal.

En contraste con ello, yo estoy trabajando para construir un sistema en donde la gente es libre para decidir sus propias acciones; en particular, libre para ayudar a sus vecinos, y libre para alterar y mejorar las herramientas con las que trabajan en su vida cotidiana. Un sistema basado en la cooperación voluntaria y en la descentralización.

Así, si fuésemos a juzgar posturas por su parecido al comunismo ruso, son los dueños del software quienes son comunistas.

 

La Pregunta de las Premisas

Hago la suposición en este texto de que un usuario de software no es menos importante que un autor, o incluso un jefe del autor. En otras palabras, sus intereses y necesidad tienen igual peso, cuando se trata de decidir qué toma de decisión es mejor.

Esta premisa no es aceptada universalmente. Muchos mantienen que la persona que contrata al autor es fundamentalmente más importante que ninguno otro. Dicen, por ejemplo, que el propósito de tener dueños de software es el dar al que contrata al autor la ventaja que se merece– independientemente de como puede afectar esto al público.

No tiene sentido el tratar de probar o anular estas premisas. La prueba necesita de premisas prestadas. Así que la mayoría de lo que digo está destinado sólo a aquellos que comparten las premisas que yo uso, o al menos están interesados en cuáles son las consecuencias. Para aquellos que crean que los dueños son más importantes que nadie, este documento es simplemente irrelevante.

¿Pero por qué aceptaría un gran número de estadounidenses una premisa que eleva en importancia a algunas personas sobre todo el resto del mundo? En parte debido a la creencia de que esta premisa forma parte de las tradiciones legales de la sociedad estadounidense. Algunas personas sienten que poniendo en duda la premisa implica cuestionar la base de la sociedad.

Es importante para esas personas el saber que esta premisa no forma parte de nuestra tradición legal. Nunca lo ha sido.

Así, la Constitución dice que el propósito del copyright es “promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles.” La Corte Suprema ha discutido sobre esto, diciendo en el caso “Fox Film contra Doyal” que “ el único interés del los Estados Unidos y el objetivo prncipal por el que se otorga el monopolio [del copyright] descansa en los beneficios generales obtenidos por el público gracias al trabajo de los autores.”

No estamos obligados a estar de acuerdo con la Constitución o la Corte Suprema. (En un momento dado, los dos perdonaron el esclavismo.) Así que sus posiciones no rechazan la premisa de la supremacia del dueño. Pero yo espero que el conocimiento de que ésta suposición es una radicalmente conservadora más que una reconocida tradicionalmente debilitará su apelación.

 

Conclusión

Nos gusta pensar que nuestra sociedad promueve el ayudar al vecino; pero a cada rato estamos recompensando a alguien por obstaculización, o admirándolos por la riqueza que estan obteniendo de esta forma, estamos enviando el mensaje opuesto.

La acumulación de software es una expresión de nuestra disposición general a ser indeferentes sobre el bienestar de la sociedad y a favor del bien personal. Podemos conservar esta indiferencia desde Ronald Reagen a James Baker, desde Ivan Boesky a Exxon, desde falta de bancos a falta de colegios. Podemos medirla con el número de personas sin hogar y la gente encarcelada. El espíritu antisocial se nutre de sí mismo, porque cada vez que vemos que la gente no nos ayudará más vano nos parece ayudarlos. Y así la sociedad degenera en una jungla.

Si no queremos vivir en una jungla, debemos cambiar nuestras actitudes. Debemos empezar enviando el mensaje de que un buen ciudadano es aquel que colabora cuando es apropiado, no aquel que es exitoso cuando toma de otros. Espero que el movimiento por el software libre pueda contribuir a esto: al menos en un área, reemplazaremos la jungla con un sistema más eficiente que anime y se base en la cooperación voluntaria.

 

Notas al pie

1. La palabra “libre” en “software libre” se refiere a libertad, no al precio; el precio pagado por una copia de un programa libre puede ser cero, bajo o (raramente) bastante alto.
2. Los asuntos de contaminación y atascos no alteran esta conclusión. Si queremos hacer que el conducir sea más caro para desanimar a conducir en general, no es ventajoso hacer esto con puestos de peaje, que contribuyen tanto a contaminar como a los atascos. Un impuesto sobre la gasolina es mucho mejor. Igualmente, el creer que la seguridad mejorará poniendo límites a la velocidad es equivocado; un acceso libre a la carretera mejora la velocidad media gracias a la ausencia de paradas y retrasos, dado cualquier límite de velocidad.
3. Uno puede ver un programa de ordenador en particular como algo dañino que no debería estar disponible en absoluto, como la base de datos de información personal de Lotus Marketplace, que fue retirado del mercado debido al rechazo público. La mayoría de lo que he dicho no se aplica a este caso, pero tiene poco sentido el discutir el querer tener un propietario con la base de que ese propietario hará que el programa esté menos accesible por la gente. El propietario no lo hará completamente inaccesible, como uno podría desear en el caso de un programa cuyo uso se considere destructivo.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931)

Personalmente declaro que nunca pensé llegar a este punto…. Soy “republicano” fuera de España, pero seguía siendo monárquico de puertas a dentro.

Sigo manteniendo con orgullo la Corona de Espana después de l;a experiencia del 23-F. Pero empiezo a dudar ante los actuales acontecimientos (falta de comentario ante el 15-M, Caso Urdangarin, declaraciones del Principe de Asturias (maldita sea, mi Principe) Felipe ante diferentes manifestaciones).

Su Majestad Alfonso XIII, pese a ganar las elecciones por números, las perdió por calidad y abdico (por cierto,m algo semejante a las recientes). El tuvo “redaños”. Espero que Su Majestad, con todo respeto, presente Sus Santísimas (como Rey de Jerusalem) y ponga fin a las miserias de sus (últimos) súbditos.

N.B. Noticia para navegantes: dedico a todos ustedes el Articulo 4. (Aclaración: Vengo de region bilingue y se de que hablo)

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA

España, en uso de su soberanía, y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta Constitución.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia.
Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.
La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones.
La bandera de la República española es roja, amarilla y morada.

Artículo 2. Todos los españoles son iguales ante la ley.

Artículo 3. El Estado español no tiene religión oficial.

Artículo 4. El castellano es el idioma oficial de la República.

Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones.

Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional.

Artículo 5. La capitalidad de la República se fija en Madrid.

Artículo 6. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.

Artículo 7. El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional, incorporándolas a su derecho positivo.

TÍTULO PRIMERO

Organización nacional.

   Artículo 8. El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía.

Los territorios de soberanía del norte de África se organizarán en régimen autónomo en relación directa con el Poder central.

Artículo 9. Todos los Municipios de la República serán autónomos en las materias de su competencia y elegirán sus Ayuntamientos por sufragio universal, igual, directo y secreto, salvo cuando funcionen en régimen de Concejo abierto.

Los alcaldes serán designados siempre por elección directa del pueblo o por el Ayuntamiento.

Artículo 10. Las provincias se constituirán por los Municipios mancomunados conforme a una ley que determinará su régimen, sus funciones y la manera de elegir el órgano gestor de sus fines político administrativos.

En su termino jurisdiccional entraran los propios municipios que actualmente las forman, salvo las modificaciones que autorice la ley, con los requisitos correspondientes.

En las islas Canarias, además, cada isla formará una categoría orgánica provista de un Cabildo insular como Cuerpo gestor de sus intereses peculiares, con funciones y facultades administrativas iguales a las que la ley asigne al de las provincias.

Las islas Baleares podrán optar por un régimen idéntico.

Artículo 11. Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas, comunes, acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo político administrativo, dentro del Estado español, presentarán su Estatuto con arreglo a lo establecido en el Artículo 12.

En ese Estatuto podrán recabar para sí, en su totalidad o parcialmente, las atribuciones que se determinan en los artículos 15, 16 y 18 de esta Constitución, sin perjuicio, en el segundo caso, de que puedan recabar todas o parte de las restantes por el mismo procedimiento establecido en este Código fundamental

La condición de limítrofe no es exigible a los territorios insulares entre sí.

Una vez aprobado el Estatuto, será la ley básica de la organización político administrativa de la región autónoma, y el Estado español la reconocerá y amparara como parte integrante de su ordenamiento jurídico.

Artículo 12. Para la aprobación del Estatuto de la región autónoma se requieren las siguientes condiciones:

a) Que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos o, cuando menos, aquellos cuyos Municipios comprendan las dos terceras partes del Censo electoral de la región.

b) Que lo acepten, por el procedimiento que señale la ley Electoral, por lo menos las dos terceras partes de los electores inscritos en el Censo de la región. Si el plebiscito fuere negativo, no podrá renovarse la propuesta de autonomía hasta transcurridos cinco años.

c) Que lo aprueben las Cortes.

Los Estatutos regionales serán aprobados por el Congreso siempre que se ajusten al presente Título y no contengan, en caso alguno, preceptos contrarios a la Constitución, y tampoco a las leyes orgánicas del Estado en las materias no transmisibles al poder regional, sin perjuicio de la facultad que a las Cortes reconocen los artículos 15 y 16.

Artículo 13. En ningún caso se admite la Federación de regiones autónomas.

Artículo 14. Son de la exclusiva competencia del Estado español la legislación y la ejecución directa en las materias siguientes:

1. Adquisición y perdida de la nacionalidad y regulación de los derechos y deberes constitucionales.

2. Relación entre las Iglesias y el Estado y régimen de cultos.

3. Representación diplomática y consular y, en general, la del Estado en el exterior; declaración de guerra; Tratados de paz; régimen de Colonias y Protectorado, y toda clase de relaciones internacionales.

4. Defensa de la seguridad pública en los conflictos de carácter suprarregional o extrarregional.

5. Pesca marítima.

6. Deuda del Estado.

7. Ejército, Marina de guerra y Defensa nacional.

8. Régimen arancelario, Tratados de Comercio, Aduanas y libre circulación de las mercancías.

9. Abanderamiento de buques mercantes, sus derechos y beneficios e iluminación de costas.

10. Régimen de extradición.

11. Jurisdicción del Tribunal Supremo, salvo las atribuciones que se reconozcan a los Poderes regionales.

12.  Sistema monetario, emisión fiduciaria y ordenación general bancaria.

13.  Régimen general de comunicaciones, líneas aéreas, correos, telégrafos, cables submarinos y radiocomunicación.

14.  Aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas, cuando las aguas discurran fuera de la región autónoma o el transporte de la energía salga de su término.

15. Defensa sanitaria en cuanto afecte a intereses extrarregionales.

16. Policía de fronteras, inmigración, emigración y extranjería.

17. Hacienda general del Estado.

18. Fiscalización de la producción y el comercio de armas.

Artículo 15. Corresponde al Estado español la legislación, y podrá corresponder a las regiones autónomas la ejecución, en la medida de su capacidad política, a juicio de las Cortes, sobre las siguientes materias:

1. Legislación penal, social, mercantil y procesal, y en cuanto a la legislación civil, la forma del matrimonio, la ordenación de los registros e hipotecas, las bases de las obligaciones contractuales y la regulación de los Estatutos, personal, real y formal, para coordinar la aplicación y resolver los conflictos entre las distintas legislaciones civiles de España.

La ejecución de las leyes sociales será inspeccionada por el Gobierno de la República, para garantizar su estricto cumplimiento y el de los Tratados internacionales que afecten a la materia.

2. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

3. Eficacia de los comunicados oficiales y documentos públicos.

4. Pesas y medidas.

5. Régimen minero y bases mínimas sobre montes, agricultura y ganadería, en cuanto afecte a la defensa de la riqueza y a la coordinación de la economía nacional.

6. Ferrocarriles, carreteras, canales, teléfonos y puertos de interés general, quedando a salvo para el Estado la reversión y policía de los primeros y la ejecución directa que pueda reservarse.

7. Bases mínimas de la legislación sanitaria interior.

8. Régimen de seguros generales y sociales,

9. Legislación de aguas, caza y pesca fluvial.

10. Régimen de Prensa, Asociaciones, reuniones y espectáculos públicos.

11. Derecho de expropiación, salvo siempre la facultad del Estado para ejecutar por sí sus obras peculiares.

12. Socialización de riquezas naturales y empresas económicas, delimitándose por la legislación la propiedad y las facultades del Estado y de las regiones.

13. Servicios de aviación civil y radiodifusión.

Artículo 16. En las materias no comprendidas en los dos artículos anteriores, podrán corresponder a la competencia de las regiones autónomas la legislación exclusiva y la ejecución directa, conforme a lo que dispongan los respectivos Estatutos aprobados por las Cortes.

Artículo 17. En las regiones autónomas no se podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país y los demás españoles.

Artículo 18. Todas las materias que no estén explícitamente reconocidas en su Estatuto a la región autónoma se reputarán propias de la competencia del Estado; pero este podrá distribuir o transmitir las facultades por medio de una ley.

Artículo 19. El Estado podrá fijar, por medio de una ley, aquellas bases a que habrán de ajustarse las disposiciones legislativas de las regiones autónomas, cuando así lo exigiera la armonía entre los intereses locales y el interés general de la República.  Corresponde al Tribunal de Garantías Constitucionales la apreciación previa de esta necesidad.

Para la aprobación de esta ley se necesitará el voto favorable de las dos terceras partes de los Diputados que integren las Cortes.

En las materias reguladas por una ley de Bases de la República las regiones podrán estatuir lo pertinente, por ley o por ordenanza.

Artículo 20. Las leyes de la República serán ejecutadas en las regiones autónomas por sus autoridades respectivas, excepto aquellas cuya aplicación esté atribuída a órganos especiales o en cuyo texto se disponga lo contrario, siempre conforme a lo establecido en este título.

El Gobierno de la República podrá dictar Reglamentos para la ejecución de sus leyes, aun en los casos en que esta ejecución corresponda a las autoridades regionales.

Artículo 21. El derecho del Estado español prevalece sobre el de las regiones autónomas en todo lo que no esté atribuído a la exclusiva competencia de éstas en sus respectivos Estatutos.

Artículo 22. Cualquiera de las provincias que forme una región autónoma o parte de ella podrá renunciar a su régimen y volver al de provincia directamente vinculada al Poder central.  Para tomar este acuerdo será necesario que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos y lo acepten, por lo menos, dos terceras partes de los electores inscritos en el censo de la provincial

TÍTULO II

Nacionalidad.

   Artículo 23. Son españoles:

1. Los nacidos, dentro o fuera de España, de padre o madre españoles.

2. Los nacidos en territorio español de padres extranjeros, siempre que opten por la nacionalidad española en la forma que las leyes determinen.

3. Los nacidos en España de padres desconocidos.

4. Los extranjeros que obtengan carta de naturaleza y los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la República, en los términos y condiciones que prescriban las leyes.

La extranjera que case con español conservará su nacionalidad de origen o adquirirá la de su marido, previa opción regulada por las leyes de acuerdo con los Tratados internacionales.

Una ley establecerá el procedimiento que facilite la adquisición de la nacionalidad a las personas de origen español que residan en el extranjero.

Artículo 24. La calidad de español se pierde:

1. Por entrar al servicio de las armas de una potencia extranjera sin licencia del Estado español, o por aceptar empleo de otro Gobierno que lleve anejo ejercicio de autoridad o jurisdicción.

2. Por adquirir voluntariamente naturaleza en país extranjero.

A base de una reciprocidad internacional efectiva y mediante los requisitos y trámites que fijará una ley, se concederá ciudadanía a los naturales de Portugal y países hispánicos de América, comprendido el Brasil, cuando así lo soliciten y residan en territorio español, sin que pierdan ni modifiquen, su ciudadanía de origen.

En estos mismos países, si sus leyes no lo prohíben, aun cuando no reconozcan el derecho de reciprocidad, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

TÍTULO III

Derechos y deberes de los españoles.

CAPITULO PRIMERO

Garantías individuales y políticas.

Artículo 25. No podrán ser fundamentos de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas.

El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios.

Artículo 26. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial.

El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero.

Quedan disueltas aquellas Ordenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado.  Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.

Las demás Ordenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases:

1. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado,

2. Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependiente del Ministerio de justicia.

3. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.

4. Prohibición de ejercer la industrial el comercio o la enseñanza.

5. Sumisión a todas las leyes tributarias del país.

6. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la Asociación.

Los bienes de las Ordenes religiosas podrán ser nacionalizados.

Artículo 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública.

Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil.  No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos.

Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente.  Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.

Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas.

La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la República y para ser Presidente del Consejo de Ministros.

Artículo 28. Sólo se castigarán los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración.  Nadie será juzgado sino por juez competente y conforme a los trámites legales.

Artículo 29. Nadie podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito.  Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial, dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la detención.

Toda detención se dejará sin efecto o se elevará a prisión, dentro de las setenta y dos horas de haber sido entregado el detenido al juez competente.

La resolución que se dictare será por auto judicial y se notificará al interesado dentro del mismo plazo.

Incurrirán en responsabilidad las autoridades cuyas ordenes motiven infracción de este Artículo, y los agentes y funcionarios que las ejecuten, con evidencia de su ilegalidad.

La acción para perseguir estas infracciones será pública, sin necesidad de prestar fianza ni caución de ningún género,

Artículo 30. El Estado no podrá suscribir ningún Convenio o Tratado internacional que tenga por objeto la extradición de delincuentes politicosociales.

Artículo 31. Todo español podrá circular libremente por el territorio nacional y elegir en él su residencia y domicilio, sin que pueda ser compelido a mudarlos a no ser en virtud de sentencia ejecutoria

El derecho a emigrar o inmigrar queda reconocido  y no está sujeto a más limitaciones que las que la ley establezca.

Una ley especial determinará las garantías para la expulsión de los extranjeros del territorio español.

El domicilio de todo español o extranjero residente en España es inviolable.  Nadie podrá entrar en el sino en virtud de mandamiento de juez competente.  El registro de papeles y efectos se practicará siempre a presencia del interesado o de una persona de su familia, y, en su defecto, de dos vecinos del mismo pueblo.

Artículo 32. Queda garantizada la inviolabilidad de la correspondencia en todas sus formas, a no ser que se dicte auto judicial en contrario.

Artículo 33. Toda persona es libre de elegir profesión.  Se reconoce la libertad de industria y comercio, salvo las limitaciones que, por motivos económicos y sociales de interés general, impongan las leyes.

Artículo 34. Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura.

En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de mandamiento de juez competente.

No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme.

Artículo 35. Todo español podrá dirigir peticiones, individual y colectivamente, a los Poderes públicos y a las autoridades.  Este derecho no podrá ejercerse por ninguna clase de fuerza armada.

Artículo 36. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.

Artículo 37. El Estado podrá exigir de todo ciudadano su prestación personal para servicios civiles o militares, con arreglo a las leyes.

Las Cortes, a propuesta del Gobierno, fijarán todos los años el contingente militar.

Artículo 38. Queda reconocido el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas.  Una ley especial regulará el derecho de reunión al aire libre y el de manifestación.

Artículo 39. Los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida humana, conforme a las leyes del Estado.

Los Sindicatos y Asociaciones estarán obligados a inscribirse en el Registro público correspondiente, con arreglo a la ley.

Artículo 40. Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su merito y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen.

Artículo 41. Los nombramientos, excedencias y jubilaciones de los funcionarios públicos se harán conforme a las leyes. Su inamovilidad se garantiza por la Constitución.  La separación del servicio, las suspensiones y los traslados solo tendrán lugar por causas justificadas previstas en la ley.

No se podrá molestar ni perseguir a ningún funcionario público por sus opiniones políticas, sociales o religiosas.

Si el funcionario público, en el ejercicio de su cargo, infringe sus deberes con perjuicio de tercero, el Estado o la Corporación a quien sirva serán subsidiariamente responsables de los daños y perjuicios consiguientes, conforme determine la ley.

Los funcionarios civiles podrán constituir Asociaciones profesionales que no impliquen injerencia en el servicio público que les estuviere encomendado.

Las Asociaciones profesionales de funcionarios se regularán por una ley. Estas Asociaciones podrán recurrir ante los Tribunales contra los acuerdos de la superioridad que vulneren los derechos de los funcionarlos.

Artículo 42. Los derechos y garantías consignados en los artículos 29, 31, 34, 38 y 39 podrán ser suspendidos total o parcialmente, en todo el territorio nacional o en parte de él, por decreto del Gobierno, cuando así lo exija la seguridad del Estado, en casos de notoria o inminente gravedad.

Si las Cortes estuviesen reunidas, resolverán sobre la suspensión acordada por el Gobierno.

Si estuviesen cerradas, el Gobierno deberá convocarlas para el mismo fin en el plazo máximo de ocho días. A falta de convocatoria se reunirán automáticamente al noveno día. Las Cortes no podrán ser disueltas antes de resolver mientras subsista la suspensión de garantías.

Si estuvieran disueltas, el Gobierno dará inmediata cuenta a la Diputación Permanente establecida en el artículo 62, que resolverá con iguales atribuciones que las Cortes.

El plazo de suspensión de garantías constitucionales no podrá exceder de treinta días. Cualquier prórroga necesitará acuerdo previo de las Cortes o de la Diputación Permanente en su caso.

Durante la suspensión regirá, para el territorio a que se aplique, la ley de Orden público.

En ningún caso podrá el Gobierno extrañar o deportar a los españoles, ni desterrarlos a distancia superior a 250 kilómetros de su domicilio.

CAPITULO II

Familia, economía y cultura.

Artículo 43. La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado.  El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa.

Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El Estado velará por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución.

Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto de los nacidos en él.

Las leyes civiles regularán la investigación de la paternidad.

No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de los nacimientos ni sobre el estado civil de los padres, en las actas de inscripción, ni en filiación alguna.

El Estado prestara asistencia a los enfermos y ancianos, protección a la maternidad y a la infancia, haciendo suya la “Declaración de Ginebra” o tabla de los derechos del niño.

Artículo 44. Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la Constitución y a las leyes.

La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes.

Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada.

Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden ser nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija.

El Estado podrá intervenir por ley la explotación y coordinación de industrias y empresas cuando así lo exigieran la racionalización de la producción y los intereses de la economía nacional.

En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes.

Artículo 45. Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación.

El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico.

Artículo 46. El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de la protección de las leyes.

La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna.  Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas: las condiciones del obrero español en el extranjero; las instituciones de cooperación, la relación económico-jurídica de los factores que integran la producción; la participación de los obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores.

Artículo 47. La República protegerá al campesino y a este fin legislará, entre otras materias, sobre el patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos, crédito agrícola, indemnización por pérdida de las cosechas, cooperativas de producción y consumo, cajas de previsión, escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentación agropecuarias, obras para riego y vías rurales de comunicación. La República protegerá en términos equivalentes a los pescadores.

Artículo 48. El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada.

La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria.

Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada.

La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación.

La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana.

Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.

Artículo 49. La expedición de títulos académicos y profesionales corresponde exclusivamente al Estado, que establecerá las pruebas y requisitos necesarios para obtenerlos aún en los casos en que los certificados de estudios procedan de centros de enseñanza de las regiones autónomas. Una ley de Instrucción pública determinará la edad escolar para cada grado, la duración de los periodos de escolaridad, el contenido de los planes pedagógicos y las condiciones en que se podrá autorizar la enseñanza en los establecimientos privados.

Artículo 50. Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usara también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República.

El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional pata asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Artículo y en los dos anteriores.

El Estado atenderá a la expansión cultural de España estableciendo delegaciones y centros de estudio y enseñanza en el extranjero y preferentemente en los países hispanoamericanos.

TÍTULO IV

Las Cortes.

  Artículo 51. La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los Diputados.

Artículo 52. El Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto,

Artículo 53. Serán elegibles para Diputados todos los ciudadanos de la República mayores de veintitrés años, sin distinción de sexo ni de estado civil, que reúnan las condiciones fijadas por la ley Electoral.

Los Diputados, una vez elegidos, representan a la Nación. La duración legal del mandato será de cuatro años, contados a partir de la fecha en que fueron celebradas las elecciones generales.  Al terminar este plazo se renovará totalmente el Congreso.  Sesenta días, a lo sumo, después de expirar el mandato o de ser disueltas las Cortes, habrán de verificarse las nuevas elecciones.  El Congreso se reunirá a los treinta días, como máximo, después de la elección.  Los Diputados serán reelegibles indefinidamente.

Artículo 54. La ley determinará los casos de incompatibilidad de los Diputados, así como su retribución.

Artículo 55. Los Diputados son inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo.

Artículo 56. Los Diputados solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito.

La detención será comunicada inmediatamente a la Cámara o a la Diputación Permanente.

Si algún juez o Tribunal estimare que debe dictar auto de procesamiento contra un Diputado, lo comunicará así al Congreso, exponiendo los fundamentos que considere pertinentes.

Transcurridos sesenta días, a partir de la fecha en que la Cámara hubiere acusado recibo del oficio correspondiente, sin tomar acuerdo respecto del mismo, se entenderá denegado el suplicatorio.

Toda detención o procesamiento de un Diputado quedara sin efecto cuando así lo acuerde el Congreso, si está reunido, o la Diputación Permanente cuando las sesiones estuvieren suspendidas o la Cámara disuelta.

Tanto el Congreso como la Diputación Permanente, según los casos antes mencionados, podrán acordar que el juez suspenda todo procedimiento hasta la expiración del mandato parlamentario del Diputado objeto de la acción judicial.

Los acuerdos de la Diputación Permanente se entenderán revocados si reunido el Congreso no los ratificara expresamente en una de sus veinte primeras sesiones.

Artículo 57. El Congreso de los Diputados tendrá facultad para resolver sobre la validez de la elección y la capacidad de sus miembros electos y para adoptar su Reglamento de régimen interior.

Artículo 58. Las Cortes se reunirán sin necesidad de convocatoria el primer día hábil de los meses de Febrero y Octubre de cada año y funcionarán, por lo menos, durante tres meses en el primer periodo y dos en el segundo.

Artículo 59. Las Cortes disueltas se reúnen de pleno derecho y recobran su potestad como Poder legítimo del Estado, desde el momento en que el Presidente no hubiere cumplido, dentro de plazo, la obligación de convocar las nuevas elecciones,

Artículo 60. El Gobierno y el Congreso de los Diputados tienen la iniciativa de las leyes.

Artículo 61. El Congreso podrá autorizar al Gobierno para que este legisle por decreto, acordado en Consejo de Ministros, sobre materias reservadas a la competencia del Poder legislativo.

Estas autorizaciones no podrán tener carácter general, y los decretos dictados en virtud de las mismas se ajustarán estrictamente a las bases establecidas por el Congreso para cada materia concreta.

El Congreso podrá reclamar el conocimiento de los decretos, así dictados, para enjuiciar sobre la adaptación a las bases establecidas por él.

En ningún caso podrá autorizarse, en esta forma, aumento alguno de gastos.

Artículo 62. El Congreso designará de su seno una Diputación Permanente de Cortes, compuesta, como máximo, de 21 representantes de las distintas fracciones políticas, en proporción a su fuerza numérica.

Esta Diputación tendrá por Presidente el que lo sea del Congreso y entenderá:

1. De los casos de suspensión de garantías constitucionales previstos en el art. 42.

2. De los casos a que se refiere el art. 80 de esta Constitución relativas a los decretos-leyes.

3. De lo concerniente a la detención y procesamiento de los Diputados.

4. De las demás materias en que el Reglamento de la Cámara le diere atribución.

Artículo 63. El Presidente del Consejo y los Ministros tendrán voz en el Congreso, aunque no sean Diputados.

No podrán excusar su asistencia a la Cámara cuando sean por ella requeridos.

Artículo 64. El Congreso podrá acordar un voto de censura contra el Gobierno o alguno de sus Ministros.

Todo voto de censura deberá ser propuesto, en forma motivada y por escrito, con las firmas de cincuenta Diputados en posesión del cargo.

Esta proposición deberá ser comunicada a todos los Diputados y no podrá ser discutida ni votada hasta pasados cinco días de su presentación.

No se considerará obligado a dimitir el Gobierno ni el Ministro, cuando el voto de censura no fuere aprobado por la mayoría absoluta de los Diputados que constituyan la Cámara.

Las mismas garantías se observarán respecto a cualquier otra proposición que indirectamente implique un voto de censura.

Artículo 65. Todos los Convenios internacionales ratificados por España e inscritos en la Sociedad de las Naciones y que tengan carácter de ley internacional, se considerarán parte constitutiva de la legislación española, que habrá de acomodarse a lo que en aquellos se disponga.

Una vez ratificado un Convenio internacional que afecte a la ordenación jurídica del Estado, el Gobierno presentará, en plazo breve, al Congreso de los Diputados, los proyectos de ley necesarios para la ejecución de sus preceptos.

No podrá dictarse ley alguna en contradicción con dichos Convenios, si no hubieran sido previamente denunciados conforme al procedimiento en ellos establecido.

La iniciativa de la denuncia habrá de ser sancionada por las Cortes.

Artículo 66. El pueblo podrá atraer a su decisión mediante “referéndum” las leyes votadas por las Cortes. Bastará, para ello, que lo solicite el 15 por 100 del Cuerpo electoral.

No serán objeto de este recurso la Constitución, las leyes complementarias de la misma, las de ratificación de Convenios internacionales inscritos en la Sociedad de las Naciones, los Estatutos regionales, ni las leyes tributarias.

El pueblo podrá asimismo, ejerciendo el derecho de iniciativa, presentar a las Cortes una proposición de ley, siempre que lo pida, por lo menos, el 15 por 100 de los electores.

Una ley especial regulará el procedimiento y las garantías del “referéndum” y de la iniciativa popular

TÍTULO V

Presidencia de la República.

   Artículo 67. El Presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la Nación.

La ley determinará su dotación y sus honores, que no podrán ser alterados durante el periodo de su magistratura.

Artículo 68. El Presidente de la República será elegido conjuntamente por las Cortes y un numero de compromisarios igual al de Diputados.

Los compromisarios serán elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, conforme al procedimiento que determine la ley.  Al Tribunal de garantías Constitucionales corresponde el examen y aprobación de los poderes de los compromisarios.

Artículo 69. Sólo serán elegibles para la Presidencia de la República los ciudadanos españoles mayores de cuarenta años que se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

Artículo 70. No podrán ser elegibles ni tampoco propuestos para candidatos:

a) Los militares en activo o en la reserva, ni los retirados que no lleven diez años, cuando menos, en dicha situación.

b) Los eclesiásticos, los ministros de las varias confesiones y los religiosos profesos.

c) Los miembros de las familias reinantes o ex reinantes de cualquier país, sea cual fuere el grado de parentesco que les una con el jefe de las mismas.

Artículo 71. El mandato del Presidente de la República durará seis años.

El Presidente de la República no podrá ser reelegido hasta transcurridos seis años del término de su anterior mandato.

Artículo 72. El Presidente de la República prometerá ante las Cortes, solemnemente reunidas, fidelidad a la República y a la Constitución. Prestada esta promesa, se considerará iniciado el nuevo periodo presidencial.

Artículo 73. La elección de nuevo Presidente de la República se celebrará treinta días antes de la expiración del mandato presidencial.

Artículo 74. En caso de impedimento temporal o ausencia del Presidente de la República, le sustituirá en sus funciones el de las Cortes, quien será sustituido en las suyas por el Vicepresidente del Congreso.  Del mismo modo, el Presidente del Parlamento asumirá las funciones de la Presidencia de la República, si ésta quedara vacante; en tal caso será convocada la elección de nuevo Presidente en el plazo improrrogable de ocho días, conforme a lo establecido en el Artículo 68, y se celebrará dentro de los treinta siguientes a la convocatoria.

A los exclusivos efectos de la elección de Presidente de la República, las Cortes, aun estando disueltas, conservan sus poderes.

Artículo 75. El Presidente de la República nombrará y separará libremente al Presidente del Gobierno, y, a propuesta de éste, a los Ministros. Habrá de separarlos necesariamente en el caso de que las Cortes les negaren de modo explícito su confianza.

Artículo 76. Corresponde también al Presidente de la República:

a) Declarar la guerra, conforme a los requisitos del Artículo siguiente, y firmar la paz.

b) Conferir los empleos civiles y militares y expedir los títulos profesionales, de acuerdo con las leyes y los reglamentos.

c) Autorizar con su firma los decretos, refrendados por el Ministro correspondiente, previo acuerdo del Gobierno, pudiendo el Presidente acordar que los proyectos de decreto se sometan a las Cortes, si creyere que se oponen a alguna de las leyes vigentes.

d) Ordenar las medidas urgentes que exija la defensa de la integridad o la seguridad de la Nación, dando inmediata cuenta a las Cortes.

e) Negociar, firmar y ratificar los Tratados y Convenios internacionales sobre cualquier materia y vigilar su cumplimiento en todo el territorio nacional.

Los Tratados de carácter político, los de comercio, los que supongan gravamen para la Hacienda pública o individualmente para los ciudadanos españoles y, en general, todos aquellos que exijan para su ejecución medidas de orden legislativa, solo obligarán a la Nación si han sido aprobados por las Cortes.

Los proyectos de Convenio de la organización internacional del Trabajo serán sometidos a las Cortes en el plazo de un año y, en caso de circunstancias excepcionales, de dieciocho meses, a partir de la clausura de la Conferencia en que hayan sido adoptados.

Una vez aprobados por el Parlamento, el Presidente de la República suscribirá la ratificación, que será comunicada, para su registro, a la Sociedad de las Naciones.

Los demos Tratados y Convenios internacionales ratificados por España, también deberán ser registrados en la Sociedad de las Naciones, con arreglo al artículo 18 del Pacto de la Sociedad, a los efectos que en el se previenen.

Los Tratados y Convenios secretos y las cláusulas secretas de cualquier Tratado o Convenio no obligarán a la Nación.

Artículo 77. El Presidente de la República no podrá firmar declaración alguna de guerra sino en las condiciones prescritas en el Pacto de la Sociedad de las Naciones, y sólo una vez agotados aquellos medios defensivos que no tengan carácter bélico y los procedimientos judiciales o de conciliación y arbitraje establecidos en los Convenios internacionales de que España fuere parte, registrados en la Sociedad de las Naciones.

Cuando la Nación estuviera ligada a otros países por Tratados particulares de conciliación y arbitraje, se aplicarán éstos en todo lo que no contradigan los Convenios generales.

Cumplidos los anteriores requisitos, el Presidente de la República habrá de estar autorizado por una ley para firmar la declaración de guerra.

Artículo 78. El Presidente de la República no podrá cursar el aviso de que España se retira de la Sociedad de las Naciones sino anunciándolo con la antelación que exige el Pacto de esa Sociedad, y mediante previa autorización de las Cortes, consignada en una ley especial, votada por mayoría absoluta.

Artículo 79. El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno, expedirá los decretos, reglamentos e instrucciones necesarios para la ejecución de las leyes.

Artículo 80. Cuando no se halle reunido el Congreso, el Presidente, a propuesta y por acuerdo unánime del Gobierno y con la aprobación de los dos tercios de la Diputación permanente, podrá estatuir por decreto sobre materias reservadas a la competencia de las Cortes, en los casos excepcionales que requieran urgente decisión, o cuando lo demande la defensa de la República. Los decretos así dictados tendrán solo carácter provisional, y su vigencia estará limitada al tiempo que tarde el Congreso en resolver o legislar sobre la material

Artículo 81. El Presidente de la República podrá convocar el Congreso con carácter extraordinario siempre que lo estime oportuno.

Podrá suspender las sesiones ordinarias del Congreso en cada legislatura sólo por un mes en el primer periodo y por quince días en el segundo, siempre que no deje de cumplirse lo preceptuado en el art. 58.

El Presidente podrá disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato cuando lo estime necesario, sujetándose a las siguientes condiciones:

a) Por decreto motivado.

b) Acompañando al decreto de disolución la convocatoria de las nuevas elecciones para el plazo máximo de sesenta días.  En el caso de segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y resolver sobre la necesidad del decreto de disolución de las anteriores.  El voto desfavorable de la mayoría absoluta de las Cortes llevará aneja la destitución del Presidente.

Artículo 82. El Presidente podrá ser destituido antes de que expire su mandato. La iniciativa de destitución se tomará a propuesta de las tres quintas partes de los miembros que compongan el Congreso, y desde este instante el Presidente no podrá ejercer sus funciones.

En el plazo de ocho días se convocará la elección de compromisarios en la forma prevenida para la elección de Presidente. Los compromisarios reunidos con las Cortes decidirán por mayoría absoluta sobre la propuesta de éstas.

Si la Asamblea votare contra la destitución, quedará disuelto el Congreso. En caso contrario, esta misma Asamblea elegirá el nuevo Presidente.

Artículo 83. El Presidente promulgará las leyes sancionadas por el Congreso, dentro del plazo de quince días, contados desde aquel en que la sanción le hubiere sido oficialmente comunicada.

Si la ley se declara urgente por las dos terceras partes de los votos emitidos por el Congreso, el Presidente procederá a su inmediata promulgación.

Antes de promulgar las leyes no declaradas urgentes, el Presidente podrá pedir al Congreso, en mensaje razonado, que las someta a nueva deliberación. Si volvieran a ser aprobadas por una mayoría de dos tercios de votantes, el Presidente quedará obligado a promulgarlas.

Artículo 84. Serán nulos y sin fuerza alguna de obligar los actos y mandatos del Presidente que no estén refrendados por un Ministro.

La ejecución de dichos mandatos implicará responsabilidad penal.

Los Ministros que refrenden actos o mandatos del Presidente de la República asumen la plena responsabilidad política y civil y participan de la criminal que de ellos pueda derivarse.

Artículo 85. El Presidente de la República es criminalmente responsable de la infracción delictiva de sus obligaciones constitucionales.

El Congreso, por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de sus miembros, decidirá si procede acusar al Presidente de la República ante el Tribunal de Garantías Constitucionales.

Mantenida la acusación por el Congreso, el Tribunal resolverá si la admite o no. En caso afirmativo, el Presidente quedará, desde luego, destituido, procediéndose a nueva elección, y la causa seguirá sus trámites.

Si la acusación no fuese admitida, el Congreso quedará disuelto y se procederá a nueva convocatoria.

Una ley de carácter constitucional determinará el procedimiento para exigir la responsabilidad criminal del Presidente de la República.

TÍTULO VI

Gobierno.

   Artículo 86. El Presidente del Consejo y los Ministros constituyen el Gobierno.

Artículo 87. El Presidente del Consejo de Ministros dirige y representa la política general del Gobierno. Le afectan las mismas incompatibilidades establecidas en el art. 70 para el Presidente de la República.

A los Ministros corresponde la alta dirección y gestión de los servicios públicos asignados a los diferentes Departamentos ministeriales.

Artículo 88. El Presidente de la República, a propuesta del Presidente del Consejo, podrá nombrar uno o más Ministros sin cartera.

Artículo 89. Los miembros del Gobierno tendrán la dotación que determinen las Cortes. Mientras ejerzan sus funciones, no podrán desempeñar profesión alguna, ni intervenir directa o indirectamente en la dirección o gestión de ninguna empresa ni asociación privada.

Artículo 90. Corresponde al Consejo de Ministros, principalmente, elaborar los proyectos de ley que haya de someter al Parlamento; dictar decretos; ejercer la potestad reglamentaria, y deliberar sobre todos los asuntos de interés público.

Artículo 91. Los miembros del Consejo responden ante el Congreso: solidariamente de la política del Gobierno, e individualmente de su propia gestión ministerial.

Artículo 92. El Presidente del Consejo y los Ministros son, también, individualmente responsables, en el orden civil y en el criminal, por las infracciones de la Constitución y de las leyes.

En caso de delito, el Congreso ejercerá la acusación ante el Tribunal de Garantías Constitucionales en la forma que la ley determine.

Artículo 93. Una ley especial regulará la creación y el funcionamiento de los órganos asesores y de ordenación económica de la Administración, del Gobierno y de las Cortes.

Entre estos organismos figurará un Cuerpo consultivo supremo de la República en asuntos de Gobierno y Administración, cuya composición, atribuciones y funcionamiento serán regulados por dicha ley.

TÍTULO VII

Justicia.

   Artículo 94. La justicia se administra en nombre del Estado.

La República asegurará a los litigantes económicamente necesitados la gratuidad de la justicia.

Los jueces son independientes en su función. Solo están sometidos a la ley.

Artículo 95. La Administración de justicia comprenderá todas las jurisdicciones existentes, que serán reguladas por las leyes.

La jurisdicción penal militar quedará limitada a los delitos militares, a los servicios de armas y a la disciplina de todos los Institutos armados.

No podrá establecerse fuero alguno por razón de las personas ni de los lugares. Se exceptúa el caso de estado de guerra, con arreglo a la ley de Orden público.

Quedan abolidos todos los Tribunales de honor, tanto civiles como militares.

Artículo 96. El presidente del Tribunal Supremo será designado por el jefe del Estado, a propuesta de una Asamblea constituida en la forma que determine la ley.

El cargo de presidente del Tribunal Supremo solo requerirá: ser español, mayor de cuarenta años y licenciado en Derecho. Le comprenderán las incapacidades e incompatibilidades establecidas para los demás funcionarios judiciales.

El ejercicio de su magistratura durara diez años.

Artículo 97. El presidente del Tribunal Supremo tendrá, además de sus facultades propias, las siguientes:

a) Preparar y proponer al Ministro y a la Comisión Parlamentaria de justicia, leyes de reforma judicial y de los Códigos de procedimiento.

b) Proponer al Ministro, de acuerdo con la Sala de gobierno y los asesores jurídicos que la ley designe, entre elementos que no ejerzan la Abogacía, los ascensos y traslados de jueces, magistrados y funcionarios fiscales.

El presidente del Tribunal Supremo y el Fiscal general de la República estarán agregados, de modo permanente, con voz y voto, a la Comisión Parlamentaria de justicia, sin que ello implique asiento en la Cámara.

Artículo 98. Los jueces y magistrados no podrán ser jubilados, separados ni suspendidos en sus funciones, ni trasladados de sus puestos, sino con sujeción a las leyes, que contendrán las garantías necesarias para que sea efectiva la independencia de los Tribunales.

Artículo 99. La responsabilidad civil y criminal en que puedan incurrir los jueces, magistrados y fiscales en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, será exigible ante el Tribunal Supremo con intervención de un jurado especial, cuya designación, capacidad e independencia regulará la ley. Se exceptúa la responsabilidad civil y criminal de los jueces y fiscales municipales que no pertenezcan a la carrera judicial.

La responsabilidad criminal del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal de la República será exigida por el Tribunal de Garantías Constitucionales.

Artículo 100. Cuando un Tribunal de justicia haya de aplicar una ley que estime contraria a la Constitución, suspenderá el procedimiento y se dirigirá en consulta al Tribunal de Garantías Constitucionales.

Artículo 101. La ley establecerá recursos contra la ilegalidad del los actos o disposiciones emanadas de la Administración en el ejercicio de su potestad reglamentaria, y contra los actos discrecionales de la misma constitutivos de exceso o desviación de poder.

Artículo 102. Las amnistías solo podrán ser acordadas por el Parlamento. No se concederán indultos generales. El Tribunal Supremo otorgará los individuales a propuesta del sentenciador, del fiscal, de la Junta de Prisiones o a petición de parte.

En los delitos de extrema gravedad, podrá indultar el Presidente de la República, previo informe del Tribunal Supremo y a propuesta del Gobierno responsable.

Artículo 103. El pueblo participara en la Administración de Justicia mediante la institución del jurado, cuya organización y funcionamiento serán objeto de una ley especial.

Artículo 104. El Ministerio Fiscal velará por el exacto cumplimiento de las leyes y por el interés social.

Constituirá un solo Cuerpo y tendrá las mismas garantías de independencia que la Administración de justicia.

Artículo 105. La ley organizará Tribunales de urgencia para hacer efectivo el derecho de amparo de las garantías individuales.

Artículo 106. Todo español tiene derecho a ser indemnizado de los perjuicios que se le irroguen por error judicial o delito de los funcionarios judiciales en el ejercicio de sus cargos, conforme determinen las leyes.

El Estado será subsidiariamente responsable de estas indemnizaciones.

TÍTULO VIII

Hacienda pública.

  Artículo 107. La formación del proyecto de Presupuestos corresponde al Gobierno; su aprobación a las Cortes. El Gobierno presentará a estas, en la primera quincena de Octubre de cada año, el proyecto de Presupuestos generales del Estado para el ejercicio económico siguiente.

La vigencia del Presupuesto será de un año.

Si no pudiera ser votado antes del primer día del año económico siguiente se prorrogará por trimestres la vigencia del último Presupuesto, sin que estas prórrogas puedan exceder de cuatro.

Artículo 108. Las Cortes no podrán presentar enmienda sobre aumento de créditos a ningún artículo ni capitulo del proyecto de Presupuesto, a no ser con la firma de la décima parte de sus miembros. Su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso.

Artículo 109. Para cada año económico no podrá haber sino un solo Presupuesto, y en él serán incluídos, tanto en ingresos como en gastos, los de carácter ordinario.

En caso de necesidad perentoria, a juicio de la mayoría absoluta del Congreso, podrá autorizarse un Presupuesto extraordinario.

Las cuentas del Estado se rendirán anualmente y, censuradas por el Tribunal de Cuentas de la República, éste, sin perjuicio de la efectividad de sus acuerdos, comunicará a las Cortes las infracciones o responsabilidades ministeriales en que a su juicio se hubiere incurrido.

Artículo 110. El Presupuesto general será ejecutivo por el solo voto de las Cortes, y no requerirá, para su vigencia, la promulgación del jefe del Estado.

Artículo 111. El Presupuesto fijará la Deuda flotante que el Gobierno podrá emitir dentro del año económico y que quedará extinguida durante la vida legal del Presupuesto.

Artículo 112. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, toda ley que autorice al Gobierno para tomar caudales a préstamo, habrá de contener las condiciones de este, incluso el tipo nominal de interés, y, en su caso, de la amortización de la Deuda.

Las autorizaciones al Gobierno en este respecto se limitarán, cuando así lo estimen oportuno las Cortes, a las condiciones y al tipo de negociación.

Artículo 113. El Presupuesto no podrá contener ninguna autorización que permita al Gobierno sobrepasar en el gasto la cifra absoluta en el consignada, salvo caso de guerra. En consecuencia, no podrán existir los créditos llamados ampliables.

Artículo 114. Los créditos consignados en el estado de gastos representan las cantidades máximas asignadas a cada servicio, que no podrán ser alteradas ni rebasadas por el Gobierno. Por excepción, cuando las Cortes no estuvieren reunidas, podrá el Gobierno conceder, bajo su responsabilidad, créditos o suplementos de crédito para cualquiera de los siguientes casos:

a) Guerra o evitación de la misma.

b) Perturbaciones graves de orden público o inminente peligro de ellas.

c) Calamidades públicas.

d) Compromisos internacionales.

Las leyes especiales determinarán la tramitación de estos créditos.

Artículo 115. Nadie estará obligado a pagar contribución que no esté votada por las Cortes o por las Corporaciones legalmente autorizadas para imponerla.

La exacción de contribuciones, impuestos y tasas y la realización de ventas y operaciones de crédito, se entenderán autorizadas con arreglo a las leyes en vigor, pero no podrán exigirse ni realizarse sin su previa autorización en el estado de ingresos del Presupuesto.

No obstante, se entenderán autorizadas las operaciones administrativas previas, ordenadas en las leyes.

Artículo 116. La ley de Presupuestos, cuando se considere necesaria, contendrá solamente las normas aplicables a la ejecución del Presupuesto a que se refiera.

Sus preceptos sólo regirán durante la vigencia del Presupuesto mismo.

Artículo 117. El Gobierno necesita estar autorizado por una ley para disponer de las propiedades del Estado y para tomar caudales a préstamo sobre el crédito de la Nación.

Toda operación que infrinja este precepto será nula y no obligará al Estado a su amortización ni al pago de intereses.

Artículo 118. La Deuda pública está bajo la salvaguardia del Estado. Los créditos necesarios para satisfacer el pago de intereses y capitales se entenderán siempre incluídos en el estado de gastos del Presupuesto y no podrán ser objeto de discusión mientras se ajusten estrictamente a las leyes que autorizaron la emisión.  De idénticas garantías disfrutará, en general, toda operación que implique, directa o indirectamente, responsabilidad económica del Tesoro, siempre que se dé el mismo supuesto.

Artículo 119. Toda ley que instituya alguna Caja de amortización, se ajustará a las siguientes normas:

1. Otorgará a la Caja la plena autonomía de gestión.

2. Designará concreta y específicamente los recursos con que sea dotada. Ni los recursos ni los capitales de la Caja podrán ser aplicados a ningún otro fin del Estado.

3. Fijará la Deuda o Deudas cuya amortización se le confíe.

El presupuesto anual de la Caja necesitará para ser ejecutivo la aprobación del Ministro de Hacienda.  Las cuentas se someterán al Tribunal de Cuentas de la República.  Del resultado de esta censura conocerán las Cortes.

Artículo 120. El Tribunal de Cuentas de la República es el órgano fiscalizador de la gestión económica. Dependerá directamente de las Cortes y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el conocimiento y aprobación final de las cuentas del Estado.

Una ley especial regulará su organización, competencia y funciones.

Sus conflictos con otros organismos serán sometidos a la resolución del Tribunal de garantías Constitucionales.

TÍTULO IX

Garantías y reforma de la Constitución.

  Artículo 121. Se establece, con jurisdicción en todo el territorio de la República, un Tribunal de Garantías Constitucionales, que tendrá competencia para conocer de:

a) El recurso de inconstitucionalidad de las leyes.

b) El recurso de amparo de garantías individuales, cuando hubiere sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades.

c) Los conflictos de competencia legislativa y cuantos otros surjan entre el Estado y las regiones autónomas y los de éstas entre sí.

d) El examen y aprobación de los poderes de los compromisarios que juntamente con las Cortes eligen al Presidente de la República.

e) La responsabilidad criminal del jefe del Estado, del Presidente del Consejo y de los Ministros.

f) La responsabilidad criminal del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal de la República.

Artículo 122. Compondrán este Tribunal:

Un presidente designado por el Parlamento, sea o no Diputado.

El presidente del alto Cuerpo consultivo de la República a que se refiere el art. 93.

El presidente del Tribunal de Cuentas de la República.

Dos Diputados libremente elegidos por las Cortes.

Un representante por cada una de las Regiones españolas, elegido en la forma que determine la ley.

Dos miembros nombrados efectivamente por todos los Colegios de Abogados de la República.

Cuatro profesores de la Facultad de Derecho, designados por el mismo procedimiento entre todas las de España

Artículo 123. Son competentes para acudir ante el Tribunal de Garantías Constitucionales:

1. El Ministerio fiscal.

2. Los jueces y tribunales en el caso del art. 100.

3. El Gobierno de la República.

4. Las Regiones españolas.

5. Toda persona individual o colectiva, aunque no hubiera sido directamente agraviada.

Artículo 124. Una ley orgánica especial, votada por estas Cortes, establecerá las inmunidades y prerrogativas de los miembros del Tribunal y la extensión y efectos de los recursos a que se refiere el art. 121.

Artículo 125. La Constitución podrá ser reformada:

a) A propuesta del Gobierno.

b) A propuesta de la cuarta parte de los miembros del Parlamento.

En cualquiera de estos casos, la propuesta señalará concretamente el artículo o los artículos que hayan de suprimirse, reformarse o adicionarse, seguirá los trámites de una ley y requerirá el voto, acorde con la reforma, de las dos terceras partes de los Diputados en el ejercicio del cargo, durante los cuatro primeros años de vida constitucional, y la mayoría absoluta en lo sucesivo.

Acordada en estos términos la necesidad de la reforma, quedará automáticamente disuelto el Congreso y será convocada nueva elección para dentro del termino de sesenta días.

La Cámara así elegida, en funciones de Asamblea Constituyente, decidirá sobre la reforma propuesta, y actuará luego como Cortes ordinarias.

Palacio de las Cortes Constituyentes a 9 de Diciembre de 1931.

////////

Si hay alguien que tenga problemas con el texto, por favor me lo diga. Este es el texto que aparece en la link de la Universidad de Berkeley. De todas formas, yo tengo en casa la reproducción integra del texto, de la época. Y puedo comprobar inmediatamente su veracidad.

Como hervir ranas… o como hacernos a todos complacer.

Estos eran un grupo alemán llamado Propaganda… hace un par de décadas…
 Recomendado.

La latra traducida va a continuación.

Frente a frente vencedores y perdedores
Heridos de envidia, golpeados por orgullo
Cara a cara con su propia desilusión
Las cicatrices de antiguos romances en sus mejillas
Y , golpe a golpe, la pasión perece en su dulce muerte
Solo mentiras, recuerdos de tiempos pasados
Que todavia reclamaran la mentira. 

El primer toque ni se siente
El segundo solo te hace dudar
El tercero te pone de rodillas
Tu empiezas a sangrar y yo a gritar

Demasiado tarde, la decisión es del destino
Es el momento de probar de que sera para siempre
De quien los sentimientos serán eternos
De quien las necesidades son tan fuertes como para parar todo ataque
Y entonces, golpe a golpe,  la pasión perece en su dulce muerte.
Solo mentiras, recuerdos de tiempos pasados
Que todavia reclamaran la mentira.  

El primer toque ni se siente
El segundo solo te hace dudar
El tercero te pone de rodillas
Tu empiezas a sangrar y yo a gritar

El primer toque ni se siente
El segundo solo te hace dudar
El tercero te pone de rodillas
Tu empiezas a sangrar y yo a gritar (x3)

///////

Enjoy the 80′s

Projecto del PP para los residentes en el extranjero

 

Desde Suiza me ha llegado la propaganda electoral del PP…. 7 puntos, textualmente:

1. “Modernizaremos la administración española en el exterior para hacer mas eficiente la atención a los espanoles.
2. Fomentaremos el voto por urna en embajadas y consulados
3. Agilizaremos, en colaboración con las comunidades autónomas, los tramites de retorno a España de aquellos españoles en el exterior que quieran hacerlo, suministrando información, acceso a ayudas y abreviando los procedimientos administrativos necesarios.
4. Estableceremos un certificado de emigrante retornado que facilite la reintegración social, sanitaria y laboral del español en el exterior que regrese definitivamente
5. Velaremos por los derechos sociales y sanitarios, educativos y culturales de los españoles en el exterior. Ofreceremos criterios únicos para el uso de la tarjeta sanitaria
6. Facilitaremos la homologación de títulos y el contacto con la realidad cultural de nuestro país a todos los españoles en el exterior
7. Impulsaremos la internacionalización de las empresas mediante la simplificación y la evaluación de todos los instrumentos de apoyo a la internacionalización para renovarlos, reorientarlos y mejorar su eficacia. En particular, reestructuraremos la red de oficinas comerciales, mejoraremos la coordinación entre los distintos organismos facilitadores de la internacionalización y evitaremos duplicidades.”

Como residente en el extranjero me pregunto yo: de que esta hablando esta gente?
Pocas veces he leído algo mas vacío de contenido, sin sentido, sin practicabilidad alguna.
NB. Por cierto Mariano, quien quiere volver a España en las condiciones que las estáis dejando? Si ya no vine con el “España va bien” del Pepemari, como voy yo ahora a pensar lo contrario?

A los borrachos se les deja que pasen la resaca; a los alcohólicos se les interna en centros de rehabilitación…

Towards reforming the International Financial and Monetary System in the context of Global Public Authority

 

 

 

Original text

This is the complete text as published by the Pontifical Council for Justice and Peace.
I will not add any personal comment. I leave that to each of you. Nevertheless, from whatever religion you belong, or even of you don’t profess any, there is some interest and relevancy in the following lines.

////////////

Preface

“The world situation requires the concerted effort of everyone, a thorough examination of every facet of the problem – social, economic, cultural and spiritual. The Church, which has long experience in human affairs and has no desire to be involved in the political activities of any nation, ‘seeks but one goal: to carry forward the work of Christ under the lead of the befriending Spirit. And Christ entered this world to give witness to the truth; to save, not to judge; to serve, not to be served.’”

With these words, in the prophetic and always relevant Encyclical Populorum Progressio of 1967, Paul VI outlined in a clear way “the trajectories” of the Church’s close relation with the world. These trajectories intersect in the profound value of human dignity and the quest for the common good, which make people responsible and free to act according to their highest aspirations.

The economic and financial crisis which the world is going through calls everyone, individuals and peoples, to examine in depth the principles and the cultural and moral values at the basis of social coexistence. What is more, the crisis engages private actors and competent public authorities on the national, regional and international level in serious reflection on both causes and solutions of a political, economic and technical nature.

In this perspective, as Benedict XVI teaches, the crisis “obliges us to re-plan our journey, to set ourselves new rules and to discover new forms of commitment, to build on positive experiences and to reject negative ones. The crisis thus becomes an opportunity for discernment, in which to shape a new vision for the future. In this spirit, with confidence rather than resignation, it is appropriate to address the difficulties of the present time.”

The G20 leaders themselves said in the Statement they adopted in Pittsburgh in 2009: “The economic crisis demonstrates the importance of ushering in a new era of sustainable global economic activity grounded in responsibility.”

The Pontifical Council for Justice and Peace now responds to the Holy Father’s appeal, while making the concerns of everyone our own, especially the concerns of those who pay most dearly for the current situation. With due respect for the competent civil and political authorities, the Council hereby offers and shares its reflection: Towards reforming the international financial and monetary systems in the context of global public authority.

This reflection hopes to benefit world leaders and all people of good will. It is an exercise of responsibility not only towards the current but above all towards future generations, so that hope for a better future and confidence in human dignity and capacity for good may never be extinguished.

Cardinal Peter K.A. Turkson +Mario Toso

President Secretary

Presupposition

Every individual and every community shares in and is responsible for promoting the common good. Faithful to their ethical and religious vocation, communities of believers should take the lead in asking whether human family has adequate means at its disposal to achieve the global common good. The Church for her part is called to encourage in everyone without distinction, the desire to join in the “monumental amount of individual and collective effort” which men have made “throughout the course of the centuries … to better the circumstances of their lives…. [T]his human activity accords with God’s will.”

1. Economic Development and Inequalities

The grave economic and financial crisis which the world is going through today springs from multiple causes. Opinions on the number and significance of these causes vary widely. Some commentators emphasize first and foremost certain errors inherent in the economic and financial policies; others stress the structural weaknesses of political, economic and financial institutions; still others say that the causes are ethical breakdowns occurring at all levels of a world economy that is increasingly dominated by utilitarianism and materialism. At every stage of the crisis, one might discover particular technical errors intertwined with certain ethical orientations.

In material goods markets, natural factors and productive capacity as well as labour in all of its many forms set quantitative limits by determining relationships of costs and prices which, under certain conditions, permit an efficient allocation of available resources.

In monetary and financial markets, however, the dynamics are quite different. In recent decades, it was the banks that extended credit, which generated money, which in turn sought a further expansion of credit. In this way, the economic system was driven towards an inflationary spiral that inevitably encountered a limit in the risk that credit institutions could accept. They faced the ultimate danger of bankruptcy, with negative consequences for the entire economic and financial system

After World War II, national economies made progress, albeit with enormous sacrifices for millions, indeed billions of people who, as producers and entrepreneurs on the one hand and as savers and consumers on the other, had put their confidence in a regular and progressive expansion of money supply and investment in line with opportunities for real growth of the economy.

Since the 1990s, we have seen that money and credit instruments worldwide have grown more rapidly than revenue, even adjusting for current prices. From this came the formation of pockets of excessive liquidity and speculative bubbles which later turned into a series of solvency and confidence crises that have spread and followed one another over the years.

A first crisis took place in the 1970s until the early 1980s and was related to the sudden sharp rises in oil prices. Subsequently, there was a series of crises in the developing world, for example, the first crisis in Mexico in the 1980s and those in Brazil, Russia and Korea, and then again in Mexico in the 1990s as well as in Thailand and Argentina.

The speculative bubble in real estate and the recent financial crisis have the very same origin in the excessive amount of money and the plethora of financial instruments globally.

Whereas the crises in the developing countries that risked involving the global monetary and financial system were contained through interventions by the more developed countries, the outbreak of the crisis in 2008 was characterized by a different factor compared with the previous ones, something decisive and explosive. Generated in the context of the United States, it took place in one of the most important zones for the global economy and finances. It directly affected what is still the currency of reference for the great majority of international trade transactions.

A liberalist approach, unsympathetic towards public intervention in the markets, chose to allow an important international financial institution to fall into bankruptcy, on the assumption that this would contain the crisis and its effects. Unfortunately, this spawned a widespread lack of confidence and a sudden change in attitudes. Various public interventions of enormous scope (more than 20% of gross national product) were urgently requested in order to stem the negative effects that could have overwhelmed the entire international financial system.

The consequences for the real economy, what with grave difficulties in some sectors – first of all, construction – and wide distribution of unfavourable forecasts, have generated a negative trend in production and international trade with very serious repercussions for employment as well as other effects that have probably not yet had their full impact. The costs are extremely onerous for millions in the developed countries, but also and above all for billions in the developing ones.

In countries and areas where the most elementary goods like health, food and shelter are still lacking, more than a billion people are forced to survive on an average income of less than a dollar a day.

Global economic well-being, traditionally measured by national income and also by levels of capacities, grew during the second half of the twentieth century, to an extent and with a speed never experienced in the history of humankind.

But the inequalities within and between various countries have also grown significantly. While some of the more industrialized and developed countries and economic zones – the ones that are most industrialized and developed – have seen their income grow considerably, other countries have in fact been excluded from the overall improvement of the economy and their situation has even worsened.

After the Second Vatican Council in his Encyclical Letter Populorum Progressio of 1967, Paul VI already clearly and prophetically denounced the dangers of an economic development conceived in liberalist terms because of its harmful consequences for world equilibrium and peace. The Pontiff asserted that the defence of life and the promotion of people’s cultural and moral development are the essential conditions for the promotion of authentic development. On these grounds, Paul VI said that full and global development is “the new name of peace”.

Forty years later, in its annual Report of in 2007, the International Monetary Fund recognized the close connection between an inadequately managed process of globalization on the one hand, and the world’s great inequalities on the other. Today the modern means of communication make these great economic, social and cultural inequalities obvious to everyone, rich and poor alike, giving rise to tensions and to massive migratory movements.

Nonetheless, it should be reiterated that the process of globalisation with its positive aspects is at the root of the world economy’s great development in the twentieth century. It is worth recalling that between 1900 and 2000 the world population increased almost fourfold and the wealth produced worldwide grew much more rapidly, resulting in a significant rise of average per capita income. At the same time, however, the distribution of wealth did not become fairer but in many cases worsened.

What has driven the world in such a problematic direction for its economy and also for peace?

First and foremost, an economic liberalism that spurns rules and controls. Economic liberalism is a theoretical system of thought, a form of “economic apriorism” that purports to derive laws for how markets function from theory, these being laws of capitalistic development, while exaggerating certain aspects of markets. An economic system of thought that sets down a priori the laws of market functioning and economic development, without measuring them against reality, runs the risk of becoming an instrument subordinated to the interests of the countries that effectively enjoy a position of economic and financial advantage.

Regulations and controls, imperfect though they may be, already often exist at the national and regional levels; whereas on the international level, it is hard to apply and consolidate such controls and rules.

The inequalities and distortions of capitalist development are often an expression not only of economic liberalism but also of utilitarian thinking: that is, theoretical and practical approaches according to which what is useful for the individual leads to the good of the community. This saying has a core of truth, but it cannot be ignored that individual utility – even where it is legitimate – does not always favour the common good. In many cases a spirit of solidarity is called for that transcends personal utility for the good of the community.

In the 1920s, some economists had already warned about giving too much weight, in the absence of regulations and controls, to theories which have since become prevailing ideologies and practices on the international level.

One devastating effect of these ideologies, especially in the last decades of the past century and the first years of the current one, has been the outbreak of the crisis in which the world is still immersed.

In his social encyclical, Benedict XVI precisely identified the roots of a crisis that is not only economic and financial but above all moral in nature. In fact, as the Pontiff notes, to function correctly the economy needs ethics; and not just of any kind but one that is people-centred. He goes on to denounce the role played by utilitarianism and individualism and the responsibilities of those who have adopted and promoted them as the parameters for the optimal behaviour of all economic and political agents who operate and interact in the social context. But Benedict XVI also identifies and denounces a new ideology, that of “technocracy”.

2. The Role of Technology and the Ethical Challenge

The great economic and social development of the past century, with their bright spots and serious shadows, can also be attributed in large part to the continued development of technology and more recently to advances in information technologies and especially their applications in the economy and most significantly in finance.

However, to interpret the current new social question lucidly, we must avoid the error – itself a product of neo-liberal thinking – that would consider all the problems that need tackling to be exclusively of a technical nature. In such a guise, they evade the needed discernment and ethical evaluation. In this context Benedict XVI’s encyclical warns about the dangers of the technocracy ideology: that is, of making technology absolute, which “tends to prevent people from recognizing anything that cannot be explained in terms of matter alone” and minimizing the value of the choices made by the concrete human individual who works in the economic-financial system by reducing them to mere technical variables. Being closed to a “beyond” in the sense of something more than technology, not only makes it impossible to find adequate solutions to the problems, but it impoverishes the principal victims of the crisis more and more from the material standpoint.

In the context of the complexity of the phenomena, the importance of the ethical and cultural factors cannot be overlooked or underestimated. In fact, the crisis has revealed behaviours like selfishness, collective greed and the hoarding of goods on a great scale. No one can be content with seeing man live like “a wolf to his fellow man”, according to the concept expounded by Hobbes. No one can in conscience accept the development of some countries to the detriment of others. If no solutions are found to the various forms of injustice, the negative effects that will follow on the social, political and economic level will be destined to create a climate of growing hostility and even violence, and ultimately undermine the very foundations of democratic institutions, even the ones considered most solid.

Recognizing the primacy of being over having and of ethics over the economy, the world’s peoples ought to adopt an ethic of solidarity as the animating core of their action. This implies abandoning all forms of petty selfishness and embracing the logic of the global common good which transcends merely contingent, particular interests. In a word, they ought to have a keen sense of belonging to the human family which means sharing the common dignity of all human beings: “Even prior to the logic of a fair exchange of goods and the forms of justice appropriate to it, there exists something which is due to man because he is man, by reason of his lofty dignity.”

In 1991, after the failure of Marxist communism, Blessed John Paul II had already warned of the risk of an “idolatry of the market, an idolatry which ignores the existence of goods which by their nature are not and cannot be mere commodities.” Today his warning needs to be heeded without delay and a road must be taken that is in greater harmony with the dignity and transcendent vocation of the person and the human family.

3. An Authority over Globalization

On the way to building a more fraternal and just human family and, even before that, a new humanism open to transcendence, Blessed John XXIII’s teaching seems especially timely. In the prophetic Encyclical Pacem in Terris of 1963, he observed that the world was heading towards ever greater unification. He then acknowledged the fact that a correspondence was lacking in the human community between the political organization “on a world level and the objective needs of the universal common good”. He also expressed the hope that one day “a true world political authority” would be created.

In view of the unification of the world engendered by the complex phenomenon of globalization, and of the importance of guaranteeing, in addition to other collective goods, the good of a free, stable world economic and financial system at the service of the real economy, today the teaching of Pacem in Terris appears to be even more vital and worthy of urgent implementation.

In the same spirit of Pacem in Terris, Benedict XVI himself expressed the need to create a world political authority. This seems obvious if we consider the fact that the agenda of questions to be dealt with globally is becoming ever longer. Think, for example, of peace and security; disarmament and arms control; promotion and protection of fundamental human rights; management of the economy and development policies; management of the migratory flows and food security, and protection of the environment. In all these areas, the growing interdependence between States and regions of the world becomes more and more obvious as well as the need for answers that are not just sectorial and isolated, but systematic and integrated, rich in solidarity and subsidiarity and geared to the universal common good.

As the Pope reminds us, if this road is not followed, “despite the great progress accomplished in various sectors, international law would risk being conditioned by the balance of power among the strongest nations.”

The purpose of the public authority, as John XXIII recalled in Pacem in Terris, is first and foremost to serve the common good. Therefore, it should be endowed with structures and adequate, effective mechanisms equal to its mission and the expectations placed in it. This is especially true in a globalized world which makes individuals and peoples increasingly interconnected and interdependent, but which also reveals the existence of monetary and financial markets of a predominantly speculative sort that are harmful for the real economy, especially of the weaker countries.

This is a complex and delicate process. A supranational Authority of this kind should have a realistic structure and be set up gradually. It should be favourable to the existence of efficient and effective monetary and financial systems; that is, free and stable markets overseen by a suitable legal framework, well-functioning in support of sustainable development and social progress of all, and inspired by the values of charity and truth. It is a matter of an Authority with a global reach that cannot be imposed by force, coercion or violence, but should be the outcome of a free and shared agreement and a reflection of the permanent and historic needs of the world common good. It ought to arise from a process of progressive maturation of consciences and freedoms as well as the awareness of growing responsibilities. Consequently, reciprocal trust, autonomy and participation cannot be overlooked as if they were superfluous elements. The consent should involve an ever greater number of countries that adhere with conviction, through a sincere dialogue that values the minority opinions rather than marginalizing them. So the world Authority should consistently involve all peoples in a collaboration in which they are called to contribute, bringing to it the heritage of their virtues and their civilizations.

The establishment of a world political Authority should be preceded by a preliminary phase of consultation from which a legitimated institution will emerge that is in a position to be an effective guide and, at the same time, can allow each country to express and pursue its own particular good. The exercise of this Authority at the service of the good of each and every one will necessarily be super partes (impartial): that is, above any partial vision or particular good, in view of achieving the common good. Its decisions should not be the result of the more developed countries’ excessive power over the weaker countries. Instead, they should be made in the interest of all, not only to the advantage of some groups, whether they are formed by private lobbies or national governments.

A supranational Institution, the expression of a “community of nations”, will not last long, however, if the countries’ diversities from the standpoint of cultures, material and immaterial resources and historic and geographic conditions, are not recognized and fully respected. The lack of a convinced consensus, nourished by an unceasing moral communion on the part of the world community, would also reduce the effectiveness of such an Authority.

What is valid on the national level is also valid on the global level. A person is not made to serve authority unconditionally. Rather, it is the task of authority to be at the service of the person, consistent with the pre-eminent value of human dignity. Likewise, governments should not serve the world Authority unconditionally. Instead, it is the world Authority that should put itself at the service of the various member countries, according to the principle of subsidiarity. Among the ways it should do this is by creating the socio-economic, political and legal conditions essential for the existence of markets that are efficient and efficacious because they are not over-protected by paternalistic national policies and not weakened by systematic deficits in public finances and of the gross national products – indeed, such policies and deficits actually hamper the markets themselves in operating in a world context as open and competitive institutions.

In the tradition of the Church’s Magisterium which Benedict XVI has vigorously embraced, the principle of subsidiarity should regulate relations between the State and local communities and between public and private institutions, not excluding the monetary and financial institutions. So, on a higher level, it ought to govern the relations between a possible future global public Authority and regional and national institutions. This principle guarantees both democratic legitimacy and the efficacy of the decisions of those called to make them. It allows respect for the freedom of people, individually and in communities, and at the same time, allows them to take responsibility for the objectives and duties that pertain to them.
According to the logic of subsidiarity, the higher Authority offers its subsidium, that is, its aid, only when individual, social or financial actors are intrinsically deficient in capacity, or cannot manage by themselves to do what is required of them. Thanks to the principle of solidarity, a lasting and fruitful relation is built up between global civil society and a world public Authority as States, intermediate bodies, various institutions – including economic and financial ones – and citizens make their decisions with a view to the global common good, which transcends national goods.As we read in Caritas in Veritate, “The governance of globalization must be marked by subsidiarity, articulated into several layers and involving different levels that can work together.” Only in this way can the danger of a central Authority’s bureaucratic isolation be avoided, which would otherwise risk being delegitimized by an excessive distance from the realities on which it is based and easily fall prey to paternalistic, technocratic or hegemonic temptations.
However, a long road still needs to be travelled before arriving at the creation of a public Authority with universal jurisdiction. It would seem logical for the reform process to proceed with the United Nations as its reference because of the worldwide scope of its responsibilities, its ability to bring together the nations of the world, and the diversity of its tasks and those of its specialized Agencies. The fruit of such reforms ought to be a greater ability to adopt policies and choices that are binding because they are aimed at achieving the common good on the local, regional and world levels. Among the policies, those regarding global social justice seem most urgent: financial and monetary policies that will not damage the weakest countries; and policies aimed at achieving free and stable markets and a fair distribution of world wealth, which may also derive from unprecedented forms of global fiscal solidarity, which will be dealt with later.On the way to creating a world political Authority, questions of governance (that is, a system of merely horizontal coordination without an authority super partes cannot be separated from those of a shared government (that is, a system which in addition to horizontal coordination establishes an authority super partes) which is functional and proportionate to the gradual development of a global political society. The establishment of a global political Authority cannot be achieved without an already functioning multilateralism, not only on a diplomatic level, but also and above all in relation to programs for sustainable development and peace. It is not possible to arrive at global Government without giving political expression to pre-existing forms of interdependence and cooperation.

4. Towards Reforming the International Financial and Monetary Systems in a way that Responds to the Needs of all Peoples
In economic and financial matters, the most significant difficulties come from the lack of an effective set of structures that can guarantee, in addition to a system of governance, a system of government for the economy and international finance.What can be said about this prospect? What steps can be taken concretely?
With regard to the current global economic and financial systems, two decisive factors should be stressed. The first is the gradual decline in efficacy of the Bretton Woods institutions beginning in the early 1970s. In particular, the International Monetary Fund has lost an essential element for stabilizing world finance, that of regulating the overall money supply and vigilance over the amount of credit risk taken on by the system. To sum it up, stabilizing the world monetary system is no longer a “universal public good” within its reach.The second factor is the need for a minimum, shared body of rules to manage the global financial market which has grown much more rapidly than the real economy. This situation of rapid, uneven growth has come about, on the one hand, because of the overall abrogation of controls on capital movements and the tendency to deregulate banking and financial activities; and on the other, because of advances in financial technology, due largely to information technology.

On the structural level, in the latter part of the last century, monetary and financial activities worldwide grew much more rapidly than the production of goods and services. In this context, the quality of credit tended to decrease to the point that it exposed the credit institutions to more risk than was reasonably sustainable. It is sufficient to look at the fate of large and small credit institutions during the crises that broke out in the 1980s and 1990s, and finally in the 2008 crisis.
Again in the last part of the twentieth century, there was a growing tendency to define the strategic directions of economic and financial policy in terms of ‘clubs’ and of larger or smaller groups of more developed countries. While not denying the positive aspects of this approach, it is impossible to overlook that it did not appear to respect the representative principle fully, in particular of the less developed or emerging countries.The need to heed the voices of a greater number of countries has led to expanding the relevant groups; for instance, there is now a G20 where there was once just a G7. This has been a positive development because it became possible to include developing and emerging countries with larger populations in shaping the economy and global finance.

In the area of the G20, concrete tendencies can thus mature which, when worked out properly in the appropriate technical centres, will be able to guide the competent bodies on the national and regional level towards consolidating existing institutions and creating new ones with appropriate and effective instruments on the international level.
Moreover, the G20 leaders themselves said in their final Statement in Pittsburgh 2009: “The economic crisis demonstrates the importance of ushering in a new era of sustainable global economic activity grounded in responsibility”. To tackle the crisis and open up a new era “of responsibility”, in addition to technical and short-term measures, the leaders put forth the proposal “to reform the global architecture to meet the needs of the 21st century,” and later the proposal “to launch a framework that lays out the policies and the way we act together to generate strong, sustainable and balanced global growth”.Therefore, a process of reflection and reforms needs to be launched that will explore creative and realistic avenues for taking advantage of the positive aspects of already existing forums.
Specific attention should be paid to the reform of the international monetary system and, in particular, the commitment to create some form of global monetary management, something that is already implicit in the Statutes of the International Monetary Fund. It is obvious that to some extent this is equivalent to putting the existing exchange systems up for discussion in order to find effective means of coordination and supervision. This process must also involve the emerging and developing countries in defining the stages of a gradual adaptation of the existing instruments.In fact, one can see an emerging requirement for a body that will carry out the functions of a kind of “central world bank” that regulates the flow and system of monetary exchanges similar to the national central banks. The underlying logic of peace, coordination and common vision which led to the Bretton Woods Agreements needs to be dusted off in order to provide adequate answers to the current questions. On the regional level, this process could begin by strengthening the existing institutions, such as the European Central Bank. However, this would require not only a reflection on the economic and financial level, but also and first of all on the political level, so as to create the set of public institutions that will guarantee the unity and consistency of the common decisions.
These measures ought to be conceived of as some of the first steps in view of a public Authority with universal jurisdiction; as a first stage in a longer effort by the global community to steer its institutions towards achieving the common good. Other stages will have to follow in which the dynamics familiar to us may become more marked, but they may also be accompanied by changes which would be useless to try to predict today.In this process, the primacy of the spiritual and of ethics needs to be restored and, with them, the primacy of politics – which is responsible for the common good – over the economy and finance. These latter need to be brought back within the boundaries of their real vocation and function, including their social function, in consideration of their obvious responsibilities to society, in order to nourish markets and financial institutions which are really at the service of the person, which are capable of responding to the needs of the common good and universal brotherhood, and which transcend all forms of economist stagnation and performative mercantilism.
On the basis of this sort of ethical approach, it seems advisable to reflect, for example, on:a) taxation measures on financial transactions through fair but modulated rates with charges proportionate to the complexity of the operations, especially those made on the “secondary” market. Such taxation would be very useful in promoting global development and sustainability according to the principles of social justice and solidarity. It could also contribute to the creation of a world reserve fund to support the economies of the countries hit by crisis as well as the recovery of their monetary and financial system;
b) forms of recapitalization of banks with public funds making the support conditional on “virtuous” behaviours aimed at developing the “real economy”;c) the definition of the domains of ordinary credit and of Investment Banking. This distinction would allow a more effective management of the “shadow markets” which have no controls and limits.
It is sensible and realistic to allow the necessary time to build up broad consensuses, but the goal of the universal common good with its inescapable demands is waiting on the horizon. Moreover, it is hoped that those in universities and other institutions who educate tomorrow’s leadership will work hard to prepare them for their responsibilities to discern the global public good and serve it in a constantly changing world. The gap between ethical training and technical preparation needs to be filled by highlighting in a particular way the inescapable synergy between the two levels of practical doing (praxis) and of boundless human striving (poièsis). The same effort is required from all those who are in a position to enlighten world public opinion in order to help it to brave this new world, no longer with anxiety but in hope and solidarity.

Conclusions
Under the current uncertainties, in a society capable of mobilizing immense means but whose cultural and moral reflection is still inadequate with regard to their use in achieving the appropriate ends, we are invited to not give in and to build above all a meaningful future for the generations to come. We should not be afraid to propose new ideas, even if they might destabilize pre-existing balances of power that prevail over the weakest. They are a seed thrown to the ground that will sprout and hurry towards bearing fruit.As Benedict XVI exhorts us, agents on all levels – social, political, economic, professional – are urgently needed who have the courage to serve and to promote the common good through an upright life. Only they will succeed in living and seeing beyond the appearances of things and perceiving the gap between existing reality and untried possibilities.
Paul VI emphasized the revolutionary power of “forward-looking imagination” that can perceive the possibilities inscribed in the present and guide people towards a new future. By freeing his imagination, man frees his existence. Through an effort of community imagination, it is possible to transform not only institutions but also lifestyles and encourage a better future for all peoples.Modern States became structured wholes over time and reinforced sovereignty within their own territory. But social, cultural and political conditions have gradually changed. Their interdependence has grown – so it has become natural to think of an international community that is integrated and increasingly ruled by a shared system – but a worse form of nationalism has lingered on, according to which the State feels it can achieve the good of its own citizens in a self-sufficient way.
Today all of this seems anachronistic and surreal, and all the nations, great or small, together with their governments, are called to go beyond the “state of nature” which would keep States in a never-ending struggle with one another. Globalization, despite some of its negative aspects, is unifying peoples more and prompting them to move towards a new “rule of law” on the supranational level, supported by a more intense and fruitful collaboration. With dynamics similar to those that put an end in the past to the “anarchical” struggle between rival clans and kingdoms with regard to the creation of national states, today humanity needs to be committed to the transition from a situation of archaic struggles between national entities, to a new model of a more cohesive, polyarchic international society that respects every people’s identity within the multifaceted riches of a single humanity. Such a passage, which is already timidly under way, would ensure the citizens of all countries – regardless of their size or power – peace and security, development, and free, stable and transparent markets. As John Paul II warns us, “Just as the time has finally come when in individual States a system of private vendetta and reprisal has given way to the rule of law, so too a similar step forward is now urgently needed in the international community.”Time has come to conceive of institutions with universal competence, now that vital goods shared by the entire human family are at stake, goods which the individual States cannot promote and protect by themselves.
So conditions exist for definitively going beyond a ‘Westphalian’ international order in which the States feel the need for cooperation but do not seize the opportunity to integrate their respective sovereignties for the common good of peoples.It is the task of today’s generation to recognize and consciously to accept these new world dynamics for the achievement of a universal common good. Of course, this transformation will be made at the cost of a gradual, balanced transfer of a part of each nation’s powers to a world Authority and to regional Authorities, but this is necessary at a time when the dynamism of human society and the economy and the progress of technology are transcending borders, which are in fact already very eroded in a globalized world.
The birth of a new society and the building of new institutions with a universal vocation and competence are a prerogative and a duty for everyone, with no distinction. What is at stake is the common good of humanity and the future itself.In this context, for every Christian there is a special call of the Spirit to become committed decisively and generously so that the many dynamics under way will be channelled towards prospects of fraternity and the common good. An immense amount of work is to be done towards the integral development of peoples and of every person. As the Fathers said at the Second Vatican Council, this is a mission that is both social and spiritual, which “ to the extent that the former can contribute to the better ordering of human society, it is of vital concern to the Kingdom of God.”
In a world on its way to rapid globalization, the reference to a world Authority becomes the only horizon compatible with the new realities of our time and the needs of humankind. However, it should not be forgotten that this development, given wounded human nature, will not come about without anguish and suffering.Through the account of the Tower of Babel (Genesis 11:1-9), the Bible warns us how the “diversity” of peoples can turn into a vehicle for selfishness and an instrument of division. In humanity there is a real risk that peoples will end up not understanding each other and that cultural diversities will lead to irremediable oppositions. The image of the Tower of Babel also warns us that we must avoid a “unity” that is only apparent, where selfishness and divisions endure because the foundations of the society are not stable. In both cases, Babel is the image of what peoples and individuals can become when they do not recognize their intrinsic transcendent dignity and brotherhood.
The spirit of Babel is the antithesis of the Spirit of Pentecost (Acts 2:1-12), of God’s design for the whole of humanity: that is, unity in truth. Only a spirit of concord that rises above divisions and conflicts will allow humanity to be authentically one family and to conceive of a new world with the creation of a world public Authority at the service of the common good.

Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad publica con competencia universal

Este es el texto integro emitido por el Consejo Pontificio de Justicia y Paz.
Sin comentarios personales. Eso lo dejo a cada uno. Ahora bien, seamos de cualquier religión, o no tengamos ninguna, eso no deniega la bondad e importancia que tal documento pueda tener.

El texto original se puede encontrar aquí. Existe un prefacio que no aparece en la versión castellana que hemos usado, pero en una traducción inglesa. He incluido ese prefacio a fin de poder ofrecer una visión lo mas integra posible del documento original.

/////////////////////////////

Prefacio

“La situación mundial requiere el esfuerzo concentrado de todos, un examen en profundidad de cada faceta del problema: social, económico, cultural, espiritual. La Iglesia, con su larga experiencia en asuntos humanos y sin deseo de verse envuelta en las actividades políticas de cualquier nación, ‘busca solamente un objetivo: llevar adelante el trabajo de Cristo bajo la dirección de su amigable Espíritu. Y Cristo vino a este mundo para dar testimonio de la verdad; para salvar, no juzgar; para servir, no para ser servido’”.

Cuan estas palabras, en la profética y siempre relevante encíclica Populorum progressio de 1967, Pablo VI subrayo de forma clara “las trayectorias” de la cercana relación entre la Iglesia y el mundo. Estas trayectorias se intersectan  en el profundo valor de la dignidad humana y su búsqueda por el bien común, el cual hace la gente responsable y libre de actuar de acuerdo a sus altas aspiraciones.

La crisis economica y financiera que vive el mundo llama a todos, individuos y pueblos, a examinar en profundidad los principios y los valores culturales y morales que están en la base de la coexistencia social. Aun mas, la crisis une actores privados y autoridades publicas competentes a nivel nacional, regional e internacional  en una seria reflexión tanto sobre las causas y soluciones de naturaleza política, económica y tecnica.

Es desde esta perspectiva, como muestra Benedicto XVI, que la crisis “nos obliga a replantear nuestra jornada, imponer a nosotros mismo nuevas reglas y a descubrir nuevas formas de implicarnos, a construir sobre experiencias positivas y rechazar las negativas. La crisis, de esta manera, se convierte en una oportunidad de discernimiento, en la cual podamos dar forma a una nueva visión para el futuro. Es en este espíritu, mas con confianza que con resignación, en el que nos debemos referir a las dificultades de hoy en día”.

Los mismo líderes del G20 confirman en la declaración acordada en Pittsburgh en el 2009: “La crisis económica demuestra la importancia de acomodarse a una nueva era de actividad económica global sostenible basada en la responsabilidad”.

El Consejo Pontificio de Justicia y Paz responde ahora a la llamada del Santo Padre, haciendo nuestras las preocupaciones de todos, especialmente las preocupaciones de aquellos que sufren mas duramente la situación actual. Con el respeto debido a las autoridades competentes tanto civiles como políticas, el Consejo ofrece y comparte su reflexión:  Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad publica con competencia universal.

Esta reflexión espera beneficiar a los líderes del mundo y a todas las gentes de buena voluntad. Este es un ejercicio de responsabilidad no solo hacia pero sobre todo dirigido a generaciones futuras, en la esperanza de un futuro mejor y confianza en que la dignidad humana y su capacidad para hacer el bien no se extingan jamas.

Cardenal Peter K.A. Turkson y Mario Toso

Secretario de la Presidencia

 

Premisa

Toda persona individualmente, toda comunidad de personas, es partícipe y responsable de la promoción del bien común. Fieles a su vocación de naturaleza ética y religiosa, las comunidades de creyentes deben en primer lugar preguntarse si los medios de los que dispone la familia humana para la realización del bien común mundial son los más adecuados. La Iglesia, por su parte, está llamada a estimular en todos, indistintamente, «el deseo de participar en el conjunto ingente de esfuerzos realizados [por los hombres] a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, respondiendo [así] a la voluntad de Dios».

1. Desarrollo económico y desigualdades.

La grave crisis económica y financiera, que hoy atraviesa el mundo, encuentra su origen en múltiples causas. Sobre la pluralidad y sobre el peso de estas causas persisten opiniones diversas: algunos subrayan, ante todo, los errores inherentes a las políticas económicas y financieras; otros insisten sobre las debilidades estructurales de las instituciones políticas, económicas y financieras; otros, en fin, las atribuyen a fallas de naturaleza ética, presentes en todos los niveles, en el marco de una economía mundial cada vez más dominada por el utilitarismo y el materialismo. En los distintos estadios de desarrollo de la crisis se encuentra siempre una combinación de errores técnicos y de responsabilidades morales.

En el caso del intercambio de bienes materiales y de servicios, son la naturaleza, la capacidad productiva y el trabajo en sus múltiples formas, quienes ponen un límite a la cantidad, determinando un conjunto de costes y de precios que permite, bajo ciertas condiciones, una asignación eficiente de los recursos disponibles.

Pero en materia monetaria y financiera, las dinámicas son distintas. En los últimos decenios, han sido los bancos los que han extendido el crédito, el cual ha generado moneda, lo cual a su vez ha exigido una ulterior expansión del crédito. El sistema económico ha sido impulsado en tal modo, hacia una espiral inflacionista que, inevitablemente, ha encontrado un límite en el riesgo sostenible para los institutos de crédito, sometidos a un ulterior peligro de quiebra, con consecuencias negativas para todo el sistema económico y financiero.

Después de la Segunda Guerra Mundial, las economías nacionales progresaron, aunque con enormes sacrificios de millones e incluso de miles de millones de personas que habían otorgado su confianza con su comportamiento de productores y empresarios, por un lado, y de ahorradores y consumidores, por el otro, hasta llegar a un progresivo y regular desarrollo de la moneda y de las finanzas, en conformidad con las potencialidades de crecimiento real de la economía.

A partir de los años noventa del pasado siglo, se descubre en cambio como la moneda y los títulos de crédito a nivel global aumentaron mucho más rápidamente que la producción del rédito, incluso a precios corrientes. Se derivó, por consiguiente, en la formación bolsas excesivas de liquidez y burbujas especulativas que luego se transformaron en crisis de solvencia y de confianza que se han propagado y subseguido en el transcurso de los años.

Una primera crisis se verificó en los años setenta hasta principios de los ochenta, debido a los precios del petróleo. Posteriormente se verificaron una serie de crisis en varios Países en vías de desarrollo. Baste pensar en la primera crisis de México en los años ochenta, o en las de Brasil, Rusia y Corea; y luego nuevamente en México en los años noventa, en Tailandia y en Argentina.

La burbuja especulativa sobre los inmuebles y la reciente crisis financiera tienen el mismo origen: la excesiva cantidad de moneda y de instrumentos financieros a nivel global.

Mientras las crisis en los Países en vías de desarrollo, que han estado a punto de involucrar el sistema monetario y financiero global, han sido contenidas con formas de intervención por parte de los países más desarrollados, la crisis que ha estallado en el año 2008, se ha caracterizado por un elemento decisivo y disruptivo respecto a las precedentes. Se ha originado en el contexto de Estados Unidos, una de las áreas más relevantes para la economía y las finanzas mundiales, involucrando la moneda a la que se remiten todavía la gran mayoría de los intercambios internacionales.

Una orientación de tipo liberal – reticente respecto a las intervenciones públicas en los mercados – ha propiciado la quiebra de un importante instituto internacional, imaginando de este modo, delimitar la crisis y sus efectos. Se ha derivado, desafortunadamente, una propagación de la desconfianza que ha impulsado a mutar repentinamente de actitud, estimulando intervenciones públicas de diverso tipo, de enorme alcance (el 20% del producto nacional) a fin de contener las consecuencias negativas que hubieran afectado todo el sistema financiero internacional.

Las consecuencias sobre la denominada «economía real», pasando s través de las graves dificultades de algunos sectores – en primer lugar el de la construcción – y con la difusión de expectativas desfavorables, han generado una tendencia negativa de la producción y del comercio internacional, con graves repercusiones en la ocupación, y con efectos que probablemente aun no han agotado su alcance. El costo para millones, e incluso miles de millones de personas, en los Países desarrollados, pero sobre todo también en aquellos en vías de desarrollo, es inmenso.

En Países y áreas donde se carece todavía de los bienes más elementales como la salud, la alimentación y la protección contra la intemperie, más de mil millones de personas se ven obligadas a sobrevivir con unos ingresos medios de poco más de un dólar diario.

El bienestar económico global, medido en primer lugar por la producción de renta, y también por la difusión de las capabilities, se ha acrecentado, en el curso de la segunda mitad del siglo XX, en una medida y con una rapidez antes jamás experimentado en la historia del género humano.

Pero también han aumentado enormemente las desigualdades en varios Países y entre ellos. Mientras que algunos Países y áreas económicas, las más industrializadas y desarrolladas, han visto crecer notablemente la producción de la renta, otros Países han sido excluidos, de hecho, del progreso generalizado de la economía, e incluso han empeorado en su situación.

Los peligros de una situación de desarrollo económico, concebido en términos de liberalismo, han sido denunciados lúcida y proféticamente por Pablo VI – a causa de las nefastas consecuencias sobre los equilibrios mundiales y la paz – ya en 1967, después del Concilio Vaticano II, con la Encíclica Populorum progressio. El Pontífice indicó, como condiciones imprescindibles para la promoción de un auténtico desarrollo, la defensa de la vida y la promoción del progreso cultural y moral de las personas. Sobre tales fundamentos, Pablo VI afirmaba que el desarrollo plenario y planetario «es el nuevo nombre de la paz».

A cuarenta años de distancia, en el año 2007, el Fondo Monetario Internacional reconocía, en su Informe anual, la estrecha conexión por una parte de un proceso de globalización que no ha sido gobernado adecuadamente, y las fuertes desigualdades a nivel mundial por el otro. Hoy los modernos medios de comunicación hacen evidentes a todos los pueblos, ricos y pobres, las desigualdades económicas, sociales y culturales que se han producido a nivel global, creando tensiones e imponentes movimientos migratorios.

Más aún, se ha de reafirmar que el proceso de globalización, con sus aspectos positivos está a la base del grande desarrollo de la economía mundial del siglo XX. Vale la pena recordar que, entre el 1900 y el 2000, la población mundial casi se cuadruplicó y que la riqueza producida a nivel mundial creció en modo mucho más rápido de manera que los ingresos medios per cápita aumentaron fuertemente. A la vez, sin embargo, no ha aumentado la equitativa distribución de la riqueza; sino que en muchos casos ha empeorado.

¿Pero qué es lo que ha impulsado al mundo en esta dirección extremadamente problemática incluso para la paz?

Ante todo, un liberalismo económico sin reglas y sin supervisión. Se trata de una ideología, de una forma de «apriorismo económico», que pretende tomar de la teoría las leyes del funcionamiento del mercado y las denominadas leyes del desarrollo capitalista, exagerando algunos de sus aspectos. Una ideología económica que establezca a priori las leyes del funcionamiento del mercado y del desarrollo económico, sin confrontarse con la realidad, corre el peligro de convertirse en un instrumento subordinado a los intereses de los Países que ya gozan, de hecho, de una posición de mayores ventajas económicas y financieras.

Reglas y controles, si bien de manera imperfecta, con frecuencia están presentes a nivel nacional y regional; sin embargo a nivel internacional, dichas reglas y controles se realizan y se consolidan con dificultad.
A la base de las disparidades y de las distorsiones del desarrollo capitalista, se encuentra en gran parte, además de la ideología del liberalismo económico, la ideología utilitarista, es decir la impostación teórico-práctica según la cual «lo que es útil para el individuo conduce al bien de la comunidad». Es necesario notar que una «máxima» semejante, contiene un fondo de verdad, pero no se puede ignorar que no siempre lo que es útil individualmente, aunque sea legítimo, favorece el bien común. En más de una ocasión es necesario un espíritu de solidaridad que trascienda la utilidad personal por el bien de la comunidad.

En los años veinte del siglo pasado, algunos economistas ya habían puesto en guardia para que no se diera crédito excesivamente, en ausencia de reglas y controles, a esas teorías, que hoy se han transformado en ideologías y praxis dominantes a nivel internacional.

Un efecto devastante de estas ideologías, sobre todo en las últimas décadas del siglo pasado y en los primeros años del nuevo siglo, ha sido la explosión de la crisis, en la que aún se encuentra sumergido el mundo.

Benedicto XVI, en su encíclica social, ha individuado de manera precisa la raíz de una crisis que no es solamente de naturaleza económica y financiera, sino antes de todo, es de tipo moral, además de ideológica. La economía, en efecto – observa el Pontífice – tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento, no de una ética cualquiera, sino de una ética amiga de la persona. El Papa ha denunciado, a continuación, el papel desempeñado por el utilitarismo y por el individualismo, así como las responsabilidades de quienes los han asumido y difundido como parámetro para el comportamiento óptimo de aquellos – operadores económicos y políticos – que actúan e interactúan en el contexto social. Pero Benedicto XVI ha también descubierto y denunciado una nueva ideología, la «ideología de la tecnocracia».

2. El rol de la técnica y el desafío ético.

El enorme desarrollo económico y social del siglo pasado, ciertamente luego con sus luces, pero también con sus graves aspectos de sombra, se debe, en gran parte, al continuado desarrollo de la técnica y, en las décadas más recientes, a los progresos de la informática y a sus aplicaciones, a la economía y, en primer lugar, a las finanzas.

Para interpretar con lucidez la actual nueva cuestión social, es necesario evitar el error, hijo también de la ideología neoliberal, de considerar que los problemas por afrontar son de orden exclusivamente técnico. En cuanto tales, escaparían a la necesidad de un discernimiento y de una valoración de tipo ético. Pues bien, la encíclica de Benedicto XVI pone en guardia contra los peligros de la ideología de la tecnocracia, es decir de aquella absolutización de la técnica que «tiende a producir una incapacidad de percibir todo aquello que no se explica con la pura materia» y a minimizar el valor de las decisiones del individuo humano concreto que actúa en el sistema económico-financiero, reduciéndolas a meras variables técnicas. La cerrazón a un «más allá», comprendido como algo más, respecto a la técnica, no sólo hace imposible el encontrar soluciones adecuadas para los problemas, sino que empobrece cada vez más, a nivel material y moral, a las principales víctimas de la crisis.

También en el contexto de la complejidad de los fenómenos, la relevancia de los factores éticos y culturales no puede, por lo tanto ser desatendida ni subestimada. La crisis, en efecto, ha revelado comportamientos de egoísmo, de codicia colectiva y de acaparamiento de los bienes a grande escala. Nadie puede resignarse a ver al hombre vivir como «un lobo para el otro hombre», según la concepción evidenciada por Hobbes. Nadie, en conciencia, puede aceptar el desarrollo de algunos Países en perjuicio de otros. Si no se pone remedio a las diversas formas de injusticia, los efectos negativos que se producirán a nivel social, político y económico estarán destinados a originar un clima de hostilidad creciente, e incluso de violencia, hasta minar las bases mismas de las instituciones democráticas, aún de aquellas consideradas más sólidas.

Por el reconocimiento de la primacía del ser respecto al del tener, de la ética respecto a la economía, los pueblos de la tierra deberían asumir, como alma de su acción, una ética de la solidaridad, abandonando toda forma de mezquino egoísmo, abrazando la lógica del bien común mundial que trasciende el mero interés contingente y particular. Deberían, en fin de cuentas, mantener vivo el sentido de pertenencia a la familia humana en nombre de la común dignidad de todos los seres humanos: «por encima de la lógica de los intercambios a base de los parámetros y de sus formas justas, existe algo que es debido al hombre porque es hombre, en virtud de su eminente dignidad».

Ya en 1991, después del fracaso del colectivismo marxista, el Beato Juan Pablo II había puesto en guardia contra el peligro de «una idolatría del mercado, que ignora la existencia de bienes que, por su naturaleza, no son ni pueden ser simples mercancías». Es preciso, hoy sin demora acoger su amonestación y tomar un camino más en sintonía con la dignidad y con la vocación trascendente de la persona y de la familia humana.

3. El gobierno de la globalización.

En el camino hacia la construcción de una familia humana más fraterna y más justa y, aún antes, de un nuevo humanismo abierto a la trascendencia, se presenta particularmente actual la enseñanza del Beato Juan XXIII. En la profética Carta encíclica Pacem in terris del 1963, él advertía ya que el mundo se estaba dirigiendo hacia una unificación cada vez mayor. Tomaba pues conciencia, del hecho que en la comunidad humana, había disminuido la correspondencia entre la organización política a nivel mundial y las exigencias objetivas del bien común universal. Por consiguiente, auguraba fuera creada un día, una «Autoridad pública mundial».

Ante la unificación del mundo, propiciada por el complejo fenómeno de la globalización; ante la importancia de garantizar, además de los otros bienes colectivos, el bien representado por un sistema económico-financiero mundial libre, estable y al servicio de la economía real, la enseñanza de la Pacem in terris se presenta, hoy en día, aún más vital y digna de urgente concretización.

El mismo Benedicto XVI, en el surco trazado por la Pacem in terris, ha expresado la necesidad de constituir una Autoridad política mundial. Dicha necesidad se presenta además evidente, si se piensa que la agenda de cuestiones a tratar a nivel global se hace cada vez más amplia. Piénsese, por ejemplo, en la paz y la seguridad; en el desarme y el control de armamentos; en la promoción y la tutela de los derechos humanos fundamentales; en el gobierno de la economía y en las políticas de desarrollo; en la gestión de los flujos migratorios y en la seguridad alimentaria; en la tutela del medio ambiente. En todos esos campos, resulta cada vez más evidente la creciente interdependencia entre los Estados y las regiones del mundo, y la necesidad de respuestas, no sólo sectoriales y aisladas, sino sistemáticas e integradas, inspiradas por la solidaridad y por la subsidiaridad, y orientadas hacia el bien común universal.

Como lo recuerda Benedicto XVI, si no se sigue ese camino, también «el derecho internacional, no obstante los grandes progresos alcanzados en los diversos campos, correría el riesgo de estar condicionado por los equilibrios de poder entre los más fuertes».

La finalidad de la Autoridad pública, recordaba ya Juan XXIII en la Pacem in terris, es, ante todo, la de servir al bien común. Dicha Autoridad, por tanto, debe dotarse de estructuras y mecanismos adecuados, eficaces, es decir, a la altura de la propia misión y de las expectativas que en ella se ponen. Esto es particularmente verdadero al interno de un mundo globalizado, que hace a las personas y a los pueblos permanecer cada vez más interconectados e interdependientes, pero que muestra también el peso del egoísmo y de los intereses sectoriales, entre los cuales la existencia de mercados monetarios y financieros de carácter prevalentemente especulativo, perjudiciales para la «economía real», en especial de los Países más débiles.

Es este un proceso complejo y delicado. Tal Autoridad supranacional debe, en efecto, poseer una impostación realista y ha de ponerse en práctica gradualmente, para favorecer también la existencia de sistemas monetarios y financieros eficientes y eficaces, es decir, mercados libres y estables, disciplinados por un marco jurídico adecuado, funcionales en orden al desarrollo sostenible y al progreso social de todos, e inspirados por los valores de la caridad y de la verdad. Se trata de una Autoridad con un horizonte planetario, que no puede ser impuesta por la fuerza, sino que debería ser la expresión de un acuerdo libre y compartido, más allá de las exigencias permanentes e históricas del bien común mundial, y no fruto de coerciones o de violencias. Debería surgir de un proceso de maduración progresiva de las conciencias y de las libertades, así como del conocimiento de las crecientes responsabilidades. No pueden, en consecuencia, ser desatendidos considerandos superfluos, elementos como la confianza recíproca, la autonomía y la participación. El consenso debe involucrar, un número cada vez mayor de Países que se adhieren por convicción, mediante ese diálogo sincero que no margina, sino más aún que valora las opiniones minoritarias. La Autoridad mundial debería, pues, involucrar coherentemente a todos los pueblos en una colaboración a la que están llamados a contribuir con el patrimonio de sus propias virtudes y civilizaciones.

La constitución de una Autoridad política mundial debería estar precedida por una fase preliminar de concertación, de la que emergerá una institución legitimada, capaz de proporcionar una guía eficaz y, al mismo tiempo, de permitir que cada País exprese y procure el propio bien particular. El ejercicio de una Autoridad semejante, puesta al servicio del bien de todos y de cada uno, será necesariamente super partes, es decir, por encima de toda visión parcial y de todo bien particular, en vistas a la realización del bien común. Sus decisiones no deberán ser el resultado del pre-poder de los Países más desarrollados sobre los Países más débiles. Deberán, en cambio, ser asumidas que asumirlas, en el interés de todos y no sólo en ventaja de algunos grupos formados por lobbies privadas o por Gobiernos nacionales.

Una institución supranacional, expresión de una «comunidad de las Naciones», no podrá por otra parte, durar por mucho tiempo, si las diversidades de los Países, a nivel de las culturas, de los recursos materiales e inmateriales, y de las condiciones históricas y geográficas, no son reconocidas y plenamente respetadas. La ausencia de un consenso convencido, alimentado por una incesante comunión moral de la comunidad mundial, debilitaría la eficacia de la correspondiente Autoridad.

Lo que vale a nivel nacional vale también a nivel mundial. La persona no está hecha para servir incondicionalmente a la Autoridad, cuya tarea es la de ponerse al servicio de la persona misma, en coherencia con el valor preeminente de la dignidad del ser humano. Del mismo modo, los Gobiernos no deben servir incondicionalmente a la Autoridad mundial. Esta última, ante todo debe ponerse al servicio de los diversos Países miembros, de acuerdo al principio de subsidiaridad, creando, entre otras, las condiciones socioeconómicas, políticas y jurídicas indispensables también para la existencia de mercados eficientes y eficaces, que no estén hiperprotegidos por políticas nacionales paternalistas, ni debilitados por déficit sistemáticos de las finanzas públicas y de los Productos nacionales que, de hecho, impiden a los mercados operar en un contexto mundial como instituciones abiertas y competitivas.

En la tradición del Magisterio de la Iglesia, retomada con vigor por Benedicto XVI, el principio de subsidiaridad debe regular las relaciones entre el Estado y las comunidades locales, entre las Instituciones públicas y las Instituciones privadas, sin excluir aquellas monetarias y financieras. Así, en un nivel ulterior, debe regir las relaciones entre una eventual, futura Autoridad pública mundial y las instituciones regionales y nacionales. Tal principio es en garantía tanto la legitimidad democrática, como la eficacia de las decisiones de quienes están llamados a tomarlas. Permite respetar la libertad de las personas y de las comunidades de personas y, al mismo tiempo, responsabilizarlas respecto de los objetivos y de los deberes que les competen.

Según la lógica de la subsidiaridad, la Autoridad superior ofrece su subsidium, es decir su ayuda, cuando la persona y los actores sociales y financieros son intrínsecamente inadecuados o no logran hacer por sí mismos lo que les es requerido. Gracias al principio de solidaridad, se construye una relación durable y fecunda entre la sociedad civil planetaria y una Autoridad pública mundial, cuando los Estados, los cuerpos intermedios, las diversas sociedades – incluidas aquellas económicas y financieras – y los ciudadanos toman las decisiones dentro de la prospectiva del bien común mundial, que trasciende el nacional.

«El gobierno de la globalización» – se lee en la Caritas in veritate – «debe ser de tipo subsidiario, articulado en múltiples niveles y planos diversos, que colaboren recíprocamente». Sólo así se puede evitar el riesgo del aislamiento burocrático de la Autoridad central, que correría el peligro de la deslegitimación de una separación demasiado grande de las realidades sobre las cuales se funda, y podría fácilmente caer en tentaciones paternalistas, tecnocráticas, o hegemónicas.

Sin embargo permanece aún un largo camino por recorrer antes de llegar a la constitución de una tal Autoridad pública con competencia universal. La lógica desearía que el proceso de reforma se desarrollase teniendo como punto de referencia la Organización de las Naciones Unidas, en razón de la amplitud mundial de sus responsabilidades, de su capacidad de reunir las Naciones de la tierra, y de la diversidad de sus propias tareas y de las de sus Agencias especializadas. El fruto de tales reformas debería ser una mayor capacidad de adopción de políticas y opciones vinculantes, por estar orientadas a la realización del bien común a nivel local, regional y mundial. Entre las políticas aparecen como más urgentes aquellas relativas a la justicia social global: políticas financieras y monetarias que no dañen los Países más débiles; políticas dirigida a la realización de mercados libres y estables y una distribución ecua de la riqueza mundial incluso mediante formas inéditas de solidaridad fiscal global, de la cual se referirá más adelante.

En el proceso de la constitución de una Autoridad política mundial no se pueden desvincular las cuestiones de governance (es decir, de un sistema de simple coordinación horizontal sin una Autoridad super partes), de aquellas de un shared government (es decir de un sistema que, además de la coordinación horizontal, establezca una Autoridad super partes) funcional y proporcionado al gradual desarrollo de una sociedad política mundial. La constitución de una Autoridad política mundial no podrá ser lograda sin una práctica previa de multilateralismo, no sólo a nivel diplomático, sino también y principalmente en el ámbito de los programas para el desarrollo sostenible y para la paz. No se puede llegar a un Gobierno mundial si no es dando una expresión política a interdependencias y cooperaciones preexistentes.
4. Hacia una reforma del sistema financiero y monetario internacional que responda a las exigencias de todos los Pueblos.
En materia económica y financiera, las dificultades más relevantes se derivan de la carencia de un eficaz conjunto de estructuras capaces de garantizar, además de un sistema de governance, un sistema de government de la economía y de las finanzas internacionales.

¿Qué se puede decir de esta prospectiva? ¿Cuáles son los pasos que se deben desarrollar concretamente?

Con referencia al actual sistema económico y financiero mundial, se deben subrayar dos elementos determinantes: el primero es la gradual disminución de la eficiencia de las instituciones de Bretton Woods, desde los inicios de los años Setenta. En particular, el Fondo Monetario Internacional ha perdido un carácter esencial para la estabilidad de las finanzas mundiales, es decir, el de reglamentar la creación global de moneda y de velar sobre el monto de riesgo del crédito asumido por el sistema. En definitiva, ya no se dispone más de ese «bien público universal» que es la estabilidad del sistema monetario mundial.

El segundo factor es la necesidad de un corpus mínimo compartido de reglas necesarias para la gestión del mercado financiero global, que ha crecido mucho más rápidamente que la «economía real» habiéndose velozmente desarrollado, por efecto de un lado, de la abrogación generalizada de los controles sobre los movimientos de capitales y de la tendencia a la desreglamentación de las actividades bancarias y financieras; y, por el otro, con los progresos de la técnica financiera favorecidos por los instrumentos informáticos.

En el plano estructural, en la última parte del siglo anterior, la moneda y las actividades financieras a nivel global crecieron mucho más rápidamente que las producciones de bienes y servicios. En dicho contexto, la cualidad del crédito ha tendido a disminuir, hasta exponer a los institutos de crédito a un riesgo mayor de aquel razonablemente sostenible. Baste observar lo acaecido a los grandes y pequeños institutos de crédito en el contexto de las crisis que se manifestaron en los años ochenta y noventa del siglo anterior y, en fin, en la crisis de 2008.

Aún en la última parte del siglo anterior, se desarrolló la tendencia a definir las orientaciones estratégicas de la política económica y financiera al interno de clubes y de grupos más o menos amplios de los Países más desarrollados. Sin negar los aspectos positivos de este enfoque, no se puede dejar de notar que así, no parece respetarse plenamente el principio representativo, en particular de los Países menos desarrollados o emergentes.

La necesidad de tener en cuenta la voz de un mayor número de Países ha conducido, por ejemplo, a la ampliación de dichos grupos, pasando así del G7 al G20. Ha sido, ésta, una evolución positiva, en cuanto ha consentido involucrar, en las orientaciones para la economía y las finanzas globales, la responsabilidad de Países con una población más elevada, en vías de desarrollo y emergentes.

En el ámbito del G20 pueden, por lo tanto, madurar directrices concretas que, oportunamente elaboradas en las apropiadas sedes técnicas, podrán orientar los órganos competentes a nivel nacional y regional en la consolidación de las instituciones existentes y en la creación de nuevas instituciones con apropiados y eficaces instrumentos a nivel internacional.

Los líderes mismos del G20 afirman en la Declaración final de Pittsburgh de 2009 que «la crisis económica demuestra la importancia de comenzar una nueva era de la economía global basada en la responsabilidad». A fin de hacer frente a la crisis y abrir una nueva era «de la responsabilidad», además de las medidas de tipo técnico y de corto plazo, los leaders proponen una «reforma de la arquitectura global para afrontar las exigencias del siglo XXI»; y por tanto además «un marco que permita definir las políticas y las medidas comunes con el objeto de producir un desarrollo global sólido, sostenible y equilibrado».

Es preciso por tanto, dar inicio a un proceso de profunda reflexión y de reformas, recorriendo vías creativas y realistas, que tiendan a valorizar los aspectos positivos de las instituciones y de los fora ya existentes.

Una atención específica debería reservarse a la reforma del sistema monetario internacional y, en particular, al empeño para dar vida a una cierta forma de control monetario global, desde luego ya implícita en los Estudios del Fondo Monetario Internacional. Es evidente que, en cierta medida, esto equivale a poner en discusión los sistemas de cambio existentes, para encontrar modos eficaces de coordinación y supervisión. Se trata de un proceso que debe involucrar también a los Países emergentes y en vías de desarrollo, al momento de definir las etapas de adaptación gradual de los instrumentos existentes.

En el fondo se delinea, en prospectiva, la exigencia de un organismo que desarrolle las funciones de una especie de «Banco central mundial» que regule el flujo y el sistema de los intercambios monetarios, con el mismo criterio que los Bancos centrales nacionales. Es necesario redescubrir la lógica de fondo, de paz, coordinación y prosperidad común, que portaron a los Acuerdos de Bretton Woods, para proveer respuestas adecuadas a las cuestiones actuales. A nivel regional, dicho proceso podría realizarse con valorización de las instituciones existentes como, por ejemplo, el Banco Central Europeo. Esto requeriría, sin embargo, no sólo una reflexión a nivel económico y financiero, sino también y ante todo, a nivel político, con miras a la constitución de instituciones públicas correspondientes que garanticen la unidad y la coherencia de las decisiones comunes.

Estas medidas se deberían ser concebidas como unos de los primeros pasos en la prospectiva de una Autoridad pública con competencia universal; como una primera etapa de un más amplio esfuerzo de la comunidad mundial por orientar sus instituciones hacia la realización del bien común. Deberán seguir otras etapas, teniendo en cuenta que las dinámicas que conocemos pueden acentuarse, pero también acompañarse de cambios que hoy día sería en vano tratar de prever.

En dicho proceso, es necesario recuperar la primacía de lo espiritual y de la ética y, con ello, la primacía de la política – responsable del bien común – sobre la economía y las finanzas. Es necesario volver a llevar estas últimas al interno de los confines de su real vocación y de su función, incluida aquella social, en vista de sus evidentes responsabilidades hacia la sociedad, para dar vida a mercados e instituciones financieras que estén efectivamente al servicio de la persona, es decir, que sean capaces de responder a las exigencias del bien común y de la fraternidad universal, trascendiendo toda forma de monótono economicismo y de mercantilismo performativo.
En la base de dicho enfoque de tipo ético, parece pues, oportuno reflexionar, por ejemplo,

a) sobre medidas de imposición fiscal a las transacciones financieras, mediante alícuotas equitativas, pero moduladas con gastos proporcionados a la complejidad de las operaciones, sobre todo de las que se realizan en el mercado «secundario». Dicha imposición sería muy útil para promover el desarrollo global y sostenible, según los principios de la justicia social y de la solidaridad; y podría contribuir a la constitución de una reserva mundial de apoyo a los Países afectados por la crisis, así como al saneamiento de su sistema monetario y financiero;
b) sobre formas de recapitalización de los bancos, incluso con fondos públicos, condicionando el apoyo a comportamientos «virtuosos» y finalizados a desarrollar la «economía real»;
c) sobre la definición de ámbito de actividad del crédito ordinario y del Investment Banking. Tal distinción permitiría una disciplina más eficaz de los «mercados paralelos» privados de controles y de límites.
Un sano realismo requeriría el tiempo necesario para construir amplios consensos, pero el horizonte del bien común universal está siempre presente con sus exigencias ineludibles. Es deseable, por consiguiente, que todos los que, en las Universidades y en los diversos Institutos, llamados a formar las clases dirigentes del mañana, es deseable se dediquen a prepararlas para asumir sus propias responsabilidades de discernir y de servir al bien público global, en un mundo que cambia constantemente. Es necesario resolver la divergencia entre la formación ética y la preparación técnica, evidenciando en modo particular la ineludible sinergia entre los campos de la praxis y de la poiésis.

El mismo esfuerzo es requerido a todos los que están en grado de iluminar la opinión pública mundial, para ayudarla a afrontar este mundo nuevo no ya en la angustia, sino en la esperanza y en la solidaridad.
Conclusiones

En medio de las incertezas actuales, en una sociedad capaz de movilizar medios ingentes, pero cuya reflexión en el campo cultural y moral permanece inadecuada respecto a su utilización en orden a la obtención de fines apropiados, estamos llamados a no rendirnos, y a construir sobre todo, un futuro que tenga sentido para las generaciones venideras. No se ha de temer el proponer cosas nuevas, aunque puedan desestabilizar equilibrios de fuerza preexistentes que dominan a los más débiles. Son una semilla que se arroja en la tierra, que germinará y no tardará en dar frutos.

Como ha exhortado Benedicto XVI, son indispensables personas y operadores, en todos los niveles – social, político, económico y profesional – motivados por el valor de servir y promover el bien común mediante una vida buena. Sólo ellos lograrán vivir y ver más allá de las apariencias de las cosas, percibiendo el desvarío entre lo real existente y lo posible nunca antes experimentado.

Pablo VI ha subrayado la fuerza revolucionaria de la «imaginación prospectiva», capaz de percibir en el presente las posibilidades inscritas en él y de orientar a los seres humanos hacia un futuro nuevo. Liberando la imaginación, la persona humana libera su propia existencia. A través de un compromiso de imaginación comunitaria es posible transformar, no sólo las instituciones, sino también los estilos de vida, y suscitar un futuro mejor para todos los pueblos.

Los Estados modernos, en el transcurso del tiempo, se han transformado en conjuntos estructurados, concentrando la soberanía al interior del propio territorio. Sin embargo las condiciones sociales, culturales y políticas han mutado progresivamente. Ha aumentado su interdependencia – hasta llegar a ser natural el pensar en una comunidad internacional integrada y regida cada vez más por un ordenamiento compartido – pero no ha desaparecido una forma deteriorada de nacionalismo, según el cual el Estado considera poder conseguir de modo autárquico, el bien de sus propios ciudadanos.

Hoy, todo eso parece surreal y anacrónico. Hoy, todas las naciones, pequeñas o grandes, junto con sus Gobiernos, están llamadas a superar dicho «estado de naturaleza» que ve a los Estados en perenne lucha entre sí. No obstante de algunos aspectos negativos, la globalización está unificando en mayor medida a los pueblos, impulsándolos a dirigirse hacia un nuevo «estado de derecho» a nivel supranacional, apoyado por una colaboración más intensa y fecunda. Con una dinámica análoga a la que en el pasado ha puesto fin a la lucha «anárquica», entre clanes y reinos rivales, en orden a la constitución de Estados nacionales, la humanidad hoy, tiene que comprometerse en la transición de una situación de luchas arcaicas entre entidades nacionales, hacia un nuevo modelo de sociedad internacional con mayor cohesión, poliárquica, respetuosa de la identidad de cada pueblo, dentro de las múltiples riquezas de una única humanidad. Este pasaje, que por lo demás tímidamente ya se está en curso, aseguraría a los ciudadanos de todos los Países – cualquiera que sea la dimensión o la fuerza que posee – paz y seguridad, desarrollo, libres mercados, estables y transparentes. «Así como dentro de cada Estado [...] el sistema de la venganza privada y de la represalia ha sido sustituido por el imperio de la ley – advierte Juan Pablo II – «así también es urgente ahora que semejante progreso tenga lugar en la Comunidad internacional».

Los tiempos para concebir instituciones con competencia universal llegan cuando están en juego bienes vitales y compartidos por toda la familia humana, que los Estados, individualmente, no son capaces de promover y proteger por sí solos.

Existen, pues, las condiciones para la superación definitiva de un orden internacional «westphaliano», en el que los Estados perciben la exigencia de la cooperación, pero no asumen la oportunidad de una integración de las respectivas soberanías para el bien común de los pueblos.

Es tarea de las generaciones presentes reconocer y aceptar conscientemente esta nueva dinámica mundial hacia la realización de un bien común universal. Ciertamente, esta transformación se realizará al precio de una transferencia gradual y equilibrada de una parte de las competencias nacionales a una Autoridad mundial y a las Autoridades regionales, pero esto es necesario en un momento en el cual el dinamismo de la sociedad humana y de la economía, y el progreso de la tecnología trascienden las fronteras, que en el mundo globalizado, de hecho están ya erosionadas.

La concepción de una nueva sociedad, la construcción de nuevas instituciones con vocación y competencia universales, son una prerrogativa y un deber de todos, sin distinción alguna. Está en juego el bien común de la humanidad, y el futuro mismo.

En este contexto, para cada cristiano hay una especial llamada del Espíritu a comprometerse con decisión y generosidad, para que las múltiples dinámicas en acto, se dirijan las hacia prospectivas de la fraternidad y del bien común. Se abren inmensas áreas de trabajo para el desarrollo integral de los pueblos y de cada persona. Como afirman los Padres del Concilio Vaticano II, se trata de una misión al mismo tiempo social y espiritual que, «en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios».

En un mundo en vías de una rápida globalización, remitirse a una Autoridad mundial llega a ser el único horizonte compatible con las nuevas realidades de nuestro tiempo y con las necesidades de la especie humana. No ha de ser olvidado, sin embargo, que esta paso, dada la naturaleza herida de los seres humanos, no se realiza sin angustias y sufrimientos.

La Biblia, con el relato de la Torre de Babel (Génesis 11,1-9) advierte cómo la «diversidad» de los pueblos puede transformarse en vehículo de egoísmo e instrumento de división. En la humanidad está muy presente el riesgo de que los pueblos terminen por no comprenderse más y que las diversidades culturales sean motivo de contraposiciones insanables. La imagen de la Torre de Babel también nos señala que es necesario preservarse de una «unidad» sólo aparente, en la que no cesan los egoísmos y las divisiones, porque los fundamentos de la sociedad no son estables. En ambos casos, Babel es la imagen de lo que los pueblos y los individuos pueden llegar a ser cuando no reconocen su intrínseca dignidad trascendente y su fraternidad.

El espíritu de Babel es la antítesis del Espíritu de Pentecostés (Hechos 2, 1-12), del designio de Dios para toda la humanidad, es decir, la unidad en la diversidad. Sólo un espíritu de concordia, que supere las divisiones y los conflictos, permitirá a la humanidad el ser auténticamente una única familia, hasta concebir un mundo nuevo con la constitución de una Autoridad pública mundial, al servicio del bien común.

WE – Arundhati Roy (Eng)

The following clip collects most of the speech given by the writer Arundhati Roy in Santa Fe, New Mwxico, on September 18th 2002: “Come September; Citizens of America: welcome to the World”

It surprises by the clarity of ideas, use of the English language and, specially today, for her vision of the coming times. Even if it is already 10 years old, it is absolutely applicable today.

The full transcript , plus the following debate can be found here. This is just the adapted version for the mentioned videoclip.

Fiction and nonfiction are only different techniques of story telling. For reasons that I don’t fully understand, fiction dances out of me, and nonfiction is wrenched out by the aching, broken world I wake up to every morning.

The theme of much of what I write, fiction as well as nonfiction, is the relationship between power and powerlessness and the endless, circular conflict they’re engaged in. (John Berger, that most wonderful writer, once wrote:) “Never again will a single story be told as though it’s the only one.” There can never be a single story. There are only ways of seeing. So when I tell a story, I tell it not as an ideologue who wants to pit one absolutist ideology against another, but as a story-teller who wants to share her way of seeing. Though it might appear otherwise, my writing is not really about nations and histories; it’s about power. About the paranoia and ruthlessness of power. About the physics of power. I believe that the accumulation of vast unfettered power by a State or a country, a corporation or an institution – or even an individual, a spouse, a friend, a sibling -regardless of ideology, results in excesses such as the ones I will recount here.

Living as I do, as millions of us do, in the shadow of the nuclear holocaust that the governments of India and Pakistan keep promising their brain-washed citizenry, and in the global neighborhood of the War Against Terror (what President Bush rather biblically calls “The Task That Never Ends”), I find myself thinking a great deal about the relationship between Citizens and the State.

In India, those of us who have expressed views on Nuclear Bombs, Big Dams, Corporate Globalization and the rising threat of communal Hindu fascism – views that are at variance with the Indian Government’s – are branded ‘anti- national.’ While this accusation doesn’t fill me with indignation, it’s not an accurate description of what I do or how I think. Because an ‘anti-national’ is a person who is against his or her own nation and, by inference, is pro some other one. But it isn’t necessary to be ‘anti-national’ to be deeply suspicious of all nationalism, to be anti-nationalism. Nationalism of one kind or another was the cause of most of the genocide of the twentieth century. Flags are bits of colored cloth that governments use first to shrink-wrap people’s brains and then as ceremonial shrouds to bury the dead. [Applause] When independent- thinking people (and here I do not include the corporate media) begin to rally under flags, when writers, painters, musicians, film makers suspend their judgment and blindly yoke their art to the service of the “Nation,” it’s time for all of us to sit up and worry. In India we saw it happen soon after the Nuclear tests in 1998 and during the Cargill War against Pakistan in 1999. In the U.S. we saw it during the Gulf War and we see it now during the “War Against Terror.” That blizzard of Made-in-China American flags. [Laughter]

Recently, those who have criticized the actions of the U.S. government (myself included) have been called “anti-American.” Anti-Americanism is in the process of being consecrated into an ideology.

The term “anti-American” is usually used by the American establishment to discredit and, not falsely – but shall we say inaccurately – define its critics. Once someone is branded anti-American, the chances are that he or she will be judged before they are heard, and the argument will be lost in the welter of bruised national pride.

But what does the term “anti-American” mean? Does it mean you are anti-jazz? Or that you’re opposed to freedom of speech? That you don’t delight in Toni Morrison or John Updike? That you have a quarrel with giant sequoias? Does it mean that you don’t admire the hundreds of thousands of American citizens who marched against nuclear weapons, or the thousands of war resisters who forced their government to withdraw from Vietnam?

It would be absurd to think that those who criticize the Indian government are “anti-Indian” – although the government itself never hesitates to take that line. It is dangerous to cede to the Indian government or the American government or anyone for that matter, the right to define what “India” or “America” are or ought to be.

To call someone “anti-American”, indeed to be anti-American, (or for that matter, anti-Indian or anti-Timbuktuan) is not just racist, it’s a failure of the imagination. An inability to see the world in terms other than those the establishment has set out for you. If you’re not a Bushie you’re a Taliban. If you don’t love us, you hate us. If you’re not Good, you’re Evil. If you’re not with us, you’re with the terrorists.

Everyday I’m taken aback at how many people believe that opposing the war in Afghanistan amounts to supporting terrorism, of voting for the Taliban.

Last year, like many others, I too made the mistake of scoffing at this post- September 11th rhetoric, dismissing it as foolish and arrogant. But I’ve realized it’s not foolish at all. It’s actually a canny recruitment drive for a misconceived, dangerous war.

Now that the initial aim of the war – capturing Osama bin Laden (dead or alive) – seems to have run into bad weather, the goalposts have been moved.

Nearly three thousand civilians lost their lives in that lethal terrorist strike. The grief is still deep. The rage still sharp. The tears have not dried. And a strange, deadly war is raging around the world. Yet, each person who has lost a loved one surely knows secretly, deeply, that no war, no act of revenge, no daisy-cutters dropped on someone else’s loved ones or someone else’s children, will blunt the edges of their pain or bring their own loved ones back. War cannot avenge those who have died. War is only a brutal desecration of their memory.

To fuel yet another war – this time against Iraq – by cynically manipulating people’s grief, by packaging it for TV specials sponsored by corporations selling detergent and running shoes, is to cheapen and devalue grief, to drain it of meaning. What we are seeing now is a vulgar display of the business of grief, the commerce of grief, the pillaging of even the most private human feelings for political purpose. It is a terrible, violent thing for a State to do to its people.

It’s not a clever-enough subject to speak of from a public platform, but what I would really love to talk to you about is Loss. Loss and losing. Grief, failure, brokenness, numbness, uncertainty, fear, the death of feeling, the death of dreaming. The absolute relentless, endless, habitual, unfairness of the world. What does loss mean to individuals? What does it mean to whole cultures, whole people who have learned to live with it as a constant companion?

Since it is September 11th we’re talking about, perhaps it’s in the fitness of things that we remember what that date means, not only to those who lost their loved ones in America last year, but to those in other parts of the world to whom that date has long held significance. This historical dredging is not offered as an accusation or a provocation. But just to share the grief of history. To thin the mists a little. To say to the citizens of America, in the gentlest, most human way: “Welcome to the World.”

Twenty-nine years ago, in Chile, on the 11th of September 1973, General Pinochet overthrew the democratically elected government of Salvador Allende in a CIA-backed coup.

In the regime of terror that ensured, thousands of people were killed. Many more simply “disappeared”. Firing squads conducted public executions. Concentration camps and torture chambers were opened across the country. The dead were buried in mine shafts and unmarked graves. For seventeen years the people of Chile lived in dread of the midnight knock, of routine “disappearances”, of sudden arrest and torture.

In 1999, following the arrest of General Pinochet in Britain, thousands of secret documents were declassified by the U.S. government. They contain unequivocal evidence of the CIA’s involvement in the coup as well as the fact that the U.S. government had detailed information about the situation in Chile during General Pinochet’s reign. Yet, Kissinger assured the general of his support: “In the United States as you know, we are sympathetic to what you’re trying to do,” he said. “We wish your government well.”

Those of us who have only ever known life in a democracy, however flawed, would find it hard to imagine what living in a dictatorship and enduring the absolute loss of freedom means. It isn’t just those who Pinochet murdered, but the lives he stole from the living that must be accounted for too.

Sadly, Chile was not the only country in South America to be singled out for the U.S. government’s attentions. Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Brazil, Peru, the Dominican Republic, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Panama, El Salvador, Peru, Mexico and Colombia – they’ve all been the playground for covert – and overt – operations by the CIA. Hundreds of thousands of Latin Americans have been killed, tortured or have simply disappeared under the despotic regimes that were propped up in their countries. If this were not humiliation enough, the people of South America have had to bear the cross of being branded as people who are incapable of democracy – as if coups and massacres are somehow encrypted in their genes.

This list does not, of course, include countries in Africa or Asia that suffered U.S. military interventions – Vietnam, Korea, Indonesia, Laos, and Cambodia. For how many Septembers for decades together have millions of Asian people been bombed, and burned, and slaughtered?

September 11th has a tragic resonance in the Middle East, too. On the 11^th of September 1922, ignoring Arab outrage, the British government proclaimed a mandate in Palestine, a follow-up to the 1917 Balfour Declaration which imperial Britain issued, with its army massed outside the gates of Gaza. The Balfour Declaration promised European Zionists a national home for Jewish people. (At the time, the Empire on which the Sun Never Set was free to snatch and bequeath national homes like a school bully distributes marbles.)

How carelessly imperial power vivisected ancient civilizations. Palestine and Kashmir are imperial Britain’s festering, blood-drenched gifts to the modem world. Both are fault lines in the raging international conflicts of today.

In 1937, Winston Churchill said of the Palestinians, I quote, “I do not agree that the dog in a manger has the final right to the manger even though he may have lain there for a very long time. I do not admit that right. I do not admit for instance, that a great wrong has been done to the Red Indians of America or the black people of Australia. I do not admit that a wrong has been done to these people by the fact that a stronger race, a higher-grade race, a more worldly wise race to put it that way, has come in and taken their place.” That set the trend for the Israeli State’s attitude towards the Palestinians.

In 1947, the U.N. formally partitioned Palestine and allotted 55 per cent of Palestine’s land to the Zionists. Within a year, they had captured 76 per cent. On the 14th of May 1948 the State of Israel was declared. Minutes after the declaration, the United States recognized Israel. The West Bank was annexed by Jordan. The Gaza strip came under Egyptian military control, and formally Palestine ceased to exist except in the minds and hearts of the hundreds of thousands of Palestinian people who became refugees. In 1967, Israel occupied the West Bank and the Gaza strip.

Over the decades there have been uprisings, wars, intifadas. Tens of thousands have lost their lives. Accords and treaties have been signed. Cease-fires declared and violated. But the bloodshed doesn’t end. Palestine still remains illegally occupied. Its people live in inhuman conditions, in virtual Bantustans, where they are subjected to collective punishments, twenty-four hour curfews, where they are humiliated and brutalized on a daily basis. They never know when their homes will be demolished, when their children will be shot, when their precious trees will be cut, when their roads will be closed, when they will be allowed to walk down to the market to buy food and medicine. And when they will not. They live with no semblance of dignity. With not much hope in sight. They have no control over their lands, their security, their movement, their communication, their water supply. So when accords are signed, and words like “autonomy” and even “statehood” bandied about, it’s always worth asking: What sort of autonomy? What sort of State? What sort of rights will its citizens have?

Young Palestinians who cannot control their anger turn themselves into human bombs and haunt Israel’s streets and public places, blowing themselves up, killing ordinary people, injecting terror into daily life, and eventually hardening both societies’ suspicion and mutual hatred of each other. Each bombing invites merciless reprisal and even more hardship on Palestinian people. But then suicide bombing is an act of individual despair, not a revolutionary tactic. Although Palestinian attacks strike terror into Israeli citizens, they provide the perfect cover for the Israeli government’s daily incursions into Palestinian territory, the perfect excuse for old-fashioned, nineteenth-century colonialism, dressed up as a new fashioned, twenty-first century “war”.

Israel’s staunchest political and military ally is and always has been the U.S. The U.S. government has blocked, along with Israel, almost every U.N. resolution that sought a peaceful, equitable solution to the conflict. It has supported almost every war that Israel has fought. When Israel attacks Palestine, it is American missiles that smash through Palestinian homes. And every year Israel receives several billion dollars from the United States – taxpayers money.

What lessons should we draw from this tragic conflict? Is it really impossible for Jewish people who suffered so cruelly themselves – more cruelly perhaps than any other people in history – to understand the vulnerability and the yearning of those whom they have displaced? Does extreme suffering always kindle cruelty? What hope does this leave the human race with? What will happen to the Palestinian people in the event of a victory? When a nation without a state eventually proclaims a state, what kind of state will it be? What horrors will be perpetrated under its flag? Is it a separate state that we should be fighting for or, the rights to a life of liberty and dignity for everyone regardless of their ethnicity or religion?

The world is called upon to condemn suicide bombers. But can we ignore the long road they have journeyed on before they have arrived at this destination? September 11, 1922 to September 11, 2002 – eighty years is a long time to have been waging war. Is there some advice the world can give the people of Palestine?

In another part of the Middle East, September 11th strikes a more recent cord. It was on the 11th of September 1990 that George W. Bush, Sr., then President of the U.S., made a speech to a joint session of Congress announcing his government’s decision to go to war against Iraq.

The U.S. government says that Saddam Hussein is a war criminal, a cruel military despot who has committed genocide against his own people. That’s a fairly accurate description of the man. In 1988, Saddam Hussein razed hundreds of villages in northern Iraq, used chemical weapons and machine guns to kill thousands of Kurdish people. Today we know that that same year the U.S. government provided him with $500 million in subsidies to buy American farm products. The next year, after he had successfully completed his genocidal campaign, the U.S. government doubled its subsidy to $1 billion. It also provided him with high quality germ seed for anthrax, and helicopters and dual-use material that could be used to manufacture chemical and biological weapons. So it turns out that while Saddam Hussein was carrying out his worst atrocities, the U.S. and the U.K. governments were his close allies.

So what changed? In 1990, Saddam Hussein invaded Kuwait. His sin was not so much that he had committed an act of war, but that he had acted independently, without orders from his master. This display of independence was enough to upset the power equation in the Gulf. So it was decided that Saddam Hussein be exterminated, like a pet that has outlived its owner’s affection.

The first Allied attack on Iraq took place on January ’91. The world watched the prime-time war as it was played out on T.V. (In India in those days you had to go to a five-star hotel lobby to watch CNN.) Tens of thousands of people were killed in a month of devastating bombing. What many do not know is that the war never ended then. The initial fury simmered down into the longest sustained air attack on a country since the Vietam War. Over the last decade American and British forces have fired thousands of missiles and bombs on Iraq.

Tthere is no confusion over the extent and range of America’s arsenal of nuclear and chemical weapons. Would the U.S. government welcome weapons inspectors? Would the U.K.? Or Israel?

The U.S. has the largest arsenal of nuclear weapons in the world and it’s the only country in the world to have actually used them on civilian populations. If the U.S. is justified in launching a pre-emptive strike on Iraq, why, then any nuclear power is justified in carrying out a pre- emptive strike on any other. India could attack Pakistan, or the other way around. If the U.S. government develops a distaste for, say, the Indian Prime Minister, can it just “take him out” with a pre-emptive strike?

Recently the United States played an important part in forcing India and Pakistan back from the brink of war. Is it so hard for it to take its own advice? Who is guilty of feckless moralizing? Of preaching peace while it wages war? The U.S., which George Bush has called “the most peaceful nation on earth”, has been at war with one country or another every year for the last fifty.

Wars are never fought for altruistic reasons. They’re usually fought for hegemony, for business. And then of course there’s the business of war.

Protecting its control of the world’s oil is fundamental to U.S. foreign policy. The U.S. government’s recent military interventions in the Balkans and Central Asia have to do with oil. Hamid Karzai, the puppet President of Afghanistan installed by the U.S., is said to be a former employee of Unocal, the American-based oil company. The U.S. government’s paranoid patrolling of the Middle East is because it has two-thirds of the world’s oil reserves. Oil keeps America’s engines purring sweetly. Oil keeps the Free Market rolling. Whoever controls the world’s oil, controls the world’s market. And how do you control the oil?

Nobody puts it more elegantly than The New York Times columnist, Thomas Friedman. In an article called, “Craziness Pays”, he said, “The U.S. has to make it clear to Iraq and U.S. allies that…American will use force without negotiation, hesitation or U.N. approval.” His advice was well taken. In the wars against Iraq and Afghanistan as well as in the almost daily humiliation the U.S. government heaps on the U.N. In his book on globalization, The Lexus and the Olive Tree, Friedman says, and I quote, “The hidden hand of the market will never work without the hidden fist. McDonalds cannot flourish without McDonnell Douglas…and the hidden fist that keeps the world safe for Silicon Valley’s technologies to flourish is called the U.S. Army, Air Force, Navy, and Marine Corps.” Perhaps this was written in a moment of vulnerability, but it’s certainly the most succinct, accurate description of the project of corporate globalization that I have read.

After the 11^th of September 2001 and the War Against Terror, the hidden hand and fist have had their cover blown – and we have a clear view now of America’s other weapon – the Free Market – bearing down on the Developing World, with a clenched, unsmiling smile. The Task That Never Ends is America’s perfect war, the perfect vehicle for the endless expansion of American imperialism.

In the last ten years of unbridled Corporate Globalization, the world’s total income has increased by an average of 2.5 percent a year. And yet the numbers of poor in the world has increased by 100 million. Of the top hundred biggest economies, 51 are corporations, not countries. The top 1 percent of the world has the same combined income as the bottom 57 percent and that disparity is growing. And now, under the spreading canopy of the War Against Terror, this process is being hustled along. The men in suits are in an unseemly hurry. While bombs rain down on us, and cruise missiles skid across the skies, while nuclear weapons are stockpiled to make the world a safer place, contracts are being signed, patents are being registered, oil pipe lines are being laid, natural resources are being plundered, water is being privatized, and democracies are being undermined.

In a country like India, the “structural adjustment” end of the Corporate Globalization project is ripping through people’s lives. “Development” projects, massive privatization, and labor “reforms” are pushing people off their lands and out of their jobs, resulting in a kind of barbaric dispossession that has few parallels in history. Across the world, as the “Free Market” brazenly protects Western markets and forces developing countries to lift their trade barriers, the poor are getting poorer and the rich richer. Civil unrest has begun to erupt in the global village. In countries like Argentina, Brazil, Mexico, Bolivia and India, the resistance movements against Corporate Globalization are growing. To contain them, governments are tightening their control. Protesters are being labeled “terrorists” and then being dealt with as such. But civil unrest does not only mean marches and demonstrations and protests against globalization. Unfortunately, it also means a desperate downward spiral into crime and chaos and all kinds of despair and disillusionment which as we know from history (and from what we see unspooling before our eyes), gradually becomes a fertile breeding ground for terrible things – cultural nationalism, religious bigotry, fascism and of course, terrorism.

All these march arm-in-arm with corporate globalization.

There is a notion gaining credence that the Free Market breaks down national barriers, and that Corporate Globalization’s ultimate destination is a hippie paradise where the heart is the only passport and we all live happily together inside a John Lennon song. (“Imagine there’s no country…”) But this is a canard.

What the Free Market undermines is not national sovereignty, but democracy. As the disparity between the rich and poor grows, the hidden fist has its work cut out for it. Multinational corporations on the prowl for “sweetheart deals” that yield enormous profits cannot push through those deals and administer those projects in developing countries without the active connivance of State machinery – the police, the courts, sometimes even the army. Today Corporate Globalization needs an international confederation of loyal, corrupt, preferably authoritarian governments in poorer countries to push through unpopular reforms and quell the mutinies. It needs a press that pretends to be free. It needs courts that pretend to dispense justice. It needs nuclear bombs, standing armies, sterner immigration laws, and watchful coastal patrols to make sure that it’s only money, goods, patents, and services that are being globalized – not the free movement of people, not a respect for human rights, not international treaties on racial discrimination or chemical and nuclear weapons, or greenhouse gas emissions, climate change, or god forbid, justice. It’s as though even a gesture towards international accountability would wreck the whole enterprise.

Close to one year after the War against Terror was officially flagged off in the ruins of Afghanistan, in country after country freedoms are being curtailed in the name of protecting freedom, civil liberties are being suspended in the name of protecting democracy. All kinds of dissent are being defined as “terrorism”. All kinds of laws are being passed to deal with it. Osama bin Laden seems to have vanished into thin air. Mullah Omar is supposed to have made his escape on a motorbike. (They could have sent TinTin after him.) [Laughter] The Taliban may have disappeared but their spirit, and their system of summary justice is surfacing in the unlikeliest of places. In India, in Pakistan, in Nigeria, in America, in all the Central Asian republics run by all manner of despots, and of course in Afghanistan under the U.S.-backed, Northern Alliance.

Meanwhile down at the mall there’s a mid-season sale. Everything’s discounted – oceans, rivers, oil, gene pools, fig wasps, flowers, childhoods, aluminum factories, phone companies, wisdom, wilderness, civil rights, eco-systems, air – all 4,600 million years of evolution. It’s packed, sealed, tagged, valued and available off the rack. (No returns). As for justice – I’m told it’s on offer too. You can get the best that money can buy.

Donald Rumsfeld said that his mission in the War Against Terror was to persuade the world that Americans must be allowed to continue their way of life. When the maddened king stamps his foot, slaves tremble in their quarters. So, standing here today, it’s hard for me to say this, but “The American Way of Life” is simply not sustainable. Because it doesn’t acknowledge that there is a world beyond America.

But fortunately, power has a shelf life. When the time comes, maybe this mighty empire will, like others before it, overreach itself and implode from within. It looks as though structural cracks have already appeared. As the War Against Terror casts its net wider and wider, America’s corporate heart is hemorrhaging. For all the endless, empty chatter about democracy, today the world is run by three of the most secretive institutions in the world: The International Monetary Fund, the World Bank, and the World Trade Organization, all three of which, in turn, are dominated by the U.S. Their decisions are made in secret. The people who head them are appointed behind closed doors. Nobody really knows anything about them, their politics, their beliefs, their intentions. Nobody elected them. Nobody said they could make decisions on our behalf. A world run by a handful of greedy bankers and C.E.O.’s whom nobody elected can’t possibly last.

Soviet-style communism failed, not because it was intrinsically evil but because it was flawed. It allowed too few people to usurp too much power. Twenty-first century market-capitalism, American style, will fail for the same reasons. Both are edifices constructed by the human intelligence, undone by human nature.

The time has come, the Walrus said. Perhaps things will become worse and then better.

NB. The transcription of the videoclip finishes here. Nevertheless, the speech still contains a couple of more phrases that I consider interesting to include:

Perhaps there’s a small god up in heaven readying herself for us. Another world is not only possible, she’s on her way. Maybe many of us won’t be here to greet her, but on a quiet day, if I listen very carefully, I can hear her breathing.